Las empresas privadas ejecutaron el 83,4 por ciento de la inversión global en Castilla y León en el año 2023, el segundo porcentaje más bajo del país, solo por encima del 82,6 por ciento de Galicia, y 6,5 puntos menos que la media nacional, que fue del 89,9 por ciento, y que constata que en el conjunto del país las administraciones públicas destinaron casi 30.000 millones de euros, frente a los 253.252 del sector privado.
Así lo desvela el barómetro ‘La contribución del empresario a la sociedad española’, que elabora la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), y que da respuesta a quiénes son los empresarios, qué aportan a la sociedad y cómo les valora la ciudadanía española.
El dato contrasta con Asturias, donde el peso de la inversión ejecutada por la empresa asciende al 95,8 por ciento y otorga más relevancia al tejido económico al sector privado. Le siguen, con porcentajes similares, Comunidad Valenciana y Baleares (93,4 y 93,3 por ciento, respectivamente), Madrid y Navarra (93 por ciento), y Canarias (92,7). En el entorno de Castilla y León se encuentran también Extremadura (83,7 por ciento) y Aragón (83,5), que al igual que la Comunidad cuentan con un peso importante de inversión pública.
El barómetro desgrana también el tipo de inversión. Así, si se refiere únicamente a aquellas vinculadas a las tecnologías de información y comunicación (TIC), el sector privado de la Comunidad destinó el 85,9 por ciento del total, frente al 14,1 por ciento de las administraciones públicas. Este porcentaje es el cuarto más bajo del conjunto del país, por encima de Galicia (80,6 por ciento), Cantabria (83,9) y La Rioja (85,7).
La media nacional es bastante más alta, donde la la empresa privada invierte en este sector nueve de cada diez euros (90,1 por ciento), es decir, 26.180 euros de un total de 29.073. Destaca Castilla-La Mancha, con el 96,4 por ciento del total.
En el análisis de la inversión en activos intangibles (incluye el I+D, software y otros como la prospección minera y la propiedad intelectual), la empresa privada de Castilla y León mejora notablemente su posición entre las autonomías, con el 93,2 por ciento, al situarse ligeramente por debajo de la media nacional, que es del 94,7, lo que supone 37.966 millones (de 40.103 millones). Este tipo de inversión entre el sector privado lo encabezan Cataluña y Castilla-La Mancha, con el 96,1 por ciento, y lo cierra Extremadura, con el 90,9.
Por último, el informe constata que la contribución del sector privado (todo aquel que no es educación, sanidad, servicios públicos y privados y el gasto propiamente de funcionamiento de las administraciones) al valor añadido bruto (dato de 2022), fue en Castilla y León del 78,4 por ciento, tres puntos por debajo de la cifra nacional (81,5). Esto supone que la aportación de la inversión pública al VAB en la Comunidad es la tercera más alta del país, con el 21,6 por ciento del total, por debajo de Andalucía (22,5 por ciento) y Extremadura (27,3 por ciento).
Además, ocho de cada diez trabajadores de la Comunidad corresponden a las empresas de Castilla y León, frente al 84,6 por ciento nacional, un porcentaje que también es el segundo más bajo de España, solo por encima del 75,4 por ciento de Extremadura. Un hecho que constata el fuerte peso del sector público en la autonomía. En España, el peso del empleo privado ha aumentado en tres décimas, hasta el 84,6 por ciento, con 17,7 millones de empleos de un total de 21, que deja a las administraciones públicas con una relevante cifra de 3,2 millones de personas a su cargo.
Cataluña, Madrid y Baleares encabezan la aportación del sector privado al empleo en su territorio, con el 87,9, 86,6 y 86,5 por ciento, respectivamente, en el tercero de los casos por el importante empuje del sector turístico. Por encima de la media nacional también se sitúan autonomías como La Rioja (86,3 por ciento), Comunidad Valenciana y Murcia (84,9) y Galicia (84,6 por ciento).
Según el barómetro, a fecha 1 de enero de 2023 había en España 3,2 millones de empresas económicamente activas, un 0,5 por ciento más que en 2022, de las que el 95,2 por ciento no tienen asalariados o son micro empresas. El 99,8 por ciento son pymes y solo el 0,8, medianas y grandes.
Solo a través del Impuesto de Sociedades, las empresas aportan 36.608 millones de euros de ingresos a las arcas públicas, el 11,1 por ciento del total en 2022, dos décimas más que en 2021. Adicionalmente aportan otros ingresos vía IRPF de autónomos, impuestos a la importación, tributos especiales, ITPAJD, IAE, IBI, etc. Además, las empresas aportan el 70 por ciento de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social de los empleadores.
