El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, que alcanzan los 15.084 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,58 % respecto al de 2024.
Se trata de las cuentas más altas de la historia de Castilla y León, que se basan en un escenario macroeconómico que ha sido avalado por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que valora que la Comunidad cumple satisfactoriamente con los requisitos de los marcos presupuestarios de los estados miembros de la UE.
Los presupuestos de 2025 tienen una orientación claramente social al destinar 9.897 millones, el 81,46 %, al gasto no financiero gestionado por las consejerías en las áreas funcionales de Protección y Promoción Social, Sanidad, Educación y Cultura. Esto supone que más de 8 de cada 10 euros del gasto de las consejerías se destinan a políticas sociales.
Asimismo, son unos presupuestos centrados en la inversión productiva e innovadora, y que a su vez están dirigidos a las personas que se sitúan en el centro de los servicios públicos ofrecidos por la Junta y que garantizan un futuro a un medio rural cohesionado y sostenible.
El presupuesto para 2025 afronta los desafíos del futuro con los siguientes objetivos:
- Impulsar el emprendimiento, la innovación y la digitalización como motores del crecimiento económico, generando oportunidades de empleo, atrayendo y reteniendo talento.
- Trabajar por Castilla y León para que sea una comunidad atractiva para jóvenes, familias y mayores, en la que disfrutar de un alto nivel de calidad de vida
- Impulsar el crecimiento económico de los sectores estratégicos: Patrimonio Cultural, Medio Natural, Turismo, Sector Agroalimentario y Energía como muestra del compromiso con el mundo rural
Por otra parte, las cuentas para 2025 se centrará en seguir impulsando un crecimiento sostenido y sostenible, innovador y transformador de la economía, que garantice un tejido productivo moderno y competitivo, en una economía global y conectada basada en nuevas tecnologías, la transición energética y fomentando al máximo la iniciativa a través del emprendimiento.
Asimismo, consolidarán la calidad, la igualdad y la solidaridad en todo el territorio de los servicios públicos, dotando a la sanidad pública de los medios necesarios que garanticen un sistema sanitario accesible; consiguiendo una educación que siga siendo de excelencia, equitativa, moderna y orientada al empleo y la generación, retención, captación y fidelización del talento; y apostando por unos servicios sociales de referencia accesibles para todas las personas.
Aumentan las inversiones reales con el objetivo de la equidad y la calidad de los servicios públicos, proteger y atender a las personas, impulsar la economía para generar nuevas oportunidades de futuro, y el desarrollo rural y la sostenibilidad demográfica como bases de la cohesión social y territorial.
La fiscalidad más baja de la historia
Este Presupuesto para 2025 incluye medidas que son posibles gracias a una fiscalidad moderada, con bajos impuestos, una fiscalidad inteligente que tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico y, por último, una fiscalidad comprometida para garantizar los mejores servicios públicos.
Esta fiscalidad selectiva alcanzará los 709 millones de euros en beneficios fiscales para ayudar a familias, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural, que beneficiará a 558.000 contribuyentes.
Asimismo, 1.372.000 castellanos y leoneses se beneficiarán de la mejora de tipos y tramos de la tarifa autonómica del IRPF, respecto de la tarifa estatal, incluyendo la rebaja del tipo mínimo del 9 % al 8,5 %, lo que sitúa a Castilla y León como la comunidad con el 2º tipo autonómico más bajo en el impuesto de la renta.
Además, el Ejecutivo autonómico sigue apostando por bajar impuestos para el acceso a la vivienda de los jóvenes con un tipo superreducido del 3 % en el medio urbano y del 0,01 % en el medio rural; incrementar del 15 % al 20 % -una mejora del 33 %- el porcentaje de deducción en el IRPF que se aplica a las rehabilitaciones de viviendas en el mundo rural para alquiler, con el objetivo de dinamizar el medio rural; y ampliar el número de beneficiarios con la reducción del 99 % de la base imponible del impuesto sobre sucesiones por la adquisición de explotaciones agrarias, hasta los colaterales por consanguinidad de cuarto grado y trabajadores de la propia explotación, con el objetivo de fomentar la continuidad de la actividad en estas explotaciones.
Desde 2018, el ahorro fiscal en la Comunidad se ha incrementado un 174 % sumando las sucesivas reducciones de la tarifa autonómica del IRPF. De hecho, Castilla y León cuenta con la fiscalidad más baja de la historia al aplicar, desde el año 2019, 38 rebajas de impuestos, incluyendo las 4 nuevas del presupuesto para 2025; con mejores beneficios fiscales para proteger a las familias; con los mejores incentivos fiscales para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, tanto en compra como alquiler; y es un referente en fiscalidad favorable en el medio rural para afrontar el reto demográfico.
Compromiso con la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales
Las consejerías sociales disponen de 9.295 millones del gasto. Así, se destinan 4.337 millones, el 86,96 % a los gastos de personal del área social, con el objetivo de contar con más y mejores profesionales y especialistas, como es el caso de docentes, sanitarios y personal de los servicios sociales.
Por tanto, 8 de cada 10 euros de los gastos de funcionamiento corresponden a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. Asimismo, 2.471 millones, el 92,79 % de las transferencias corrientes (sin PAC) son gestionadas por esta área.
Este esfuerzo presupuestario de la Junta de Castilla y León permite mantener un gasto social que representa el 13 % del PIB de la Comunidad distribuido en un gasto de 5.005 millones para Sanidad, 2.842 en Educación y 1.448 para Familia e Igualdad de Oportunidades.
Estas cuentas destinan 4.465 millones de euros al mantenimiento de hospitales y centros de salud, centros educativos públicos y concertados, residencias de mayores, gastos de farmacia, universidades y dependencia. Además, 4.337 millones van dirigidos a retribuir al personal del área social para contar con más y mejores profesionales y especialistas, como docentes, sanitarios o trabajadores sociales, al servicio de las personas.
Asimismo, incorporan 313 millones de euros en partidas necesarias para implementar, en la primera anualidad, los acuerdos recién firmados en el seno del Diálogo Social y los compromisos anteriores en materia de dependencia, educación, vivienda, competitividad e incendios forestales, entre otros.
Estas cuentas constituyen una apuesta clara por las familias, los jóvenes y los mayores, ya que el Ejecutivo autonómico destina 2.918 millones a servicios y prestaciones para las familias, de los cuales 2.225 millones se dedican a ayudas para viviendas, transporte, internet, formación y empleo, prestaciones sociales y otros servicios; y 693 millones a beneficios fiscales para familias numerosas, natalidad, vivienda y fomento del empleo.
Para facilitar la conciliación personal, laboral y familiar, se destinan 20 millones de euros al Bono Nacimiento, que beneficiará a más de 8.500 familias; 57 millones para la educación gratuita de 0 a 3 años, que beneficiará a 22.000 escolares; 26 millones para comedores escolares, con más de 31.000 beneficiados; 5 millones para los programas `Madrugadores´ y `Tardes en el Cole´, con más de 13.700 usuarios; 11 millones al `Bono Concilia´, para ayudar a más de 13.500 familias; 9 millones al programa Crecemos, para 4.400 niños; y se han dispuesto 25 millones para promoción y servicios a la juventud.
El Ejecutivo autonómico desarrolla una política de vivienda seria, coherente y modélica, que dedica una especial atención a las personas más vulnerables y al medio rural. Uno de los objetivos es posibilitar la emancipación de los jóvenes y que puedan desarrollar su proyecto de vida en la Comunidad.
En el presupuesto para 2025, la Junta dedica 206 millones a facilitar el acceso a la vivienda, en régimen de alquiler o compra. De esta manera, con los 38 millones en beneficios ficales de apoyo en esta materia, la cifra total para vivienda en estas cuentas alcanza los 244 millones, un 44 % más. Además, sólo las destinadas a alquiler aumentan más de un 70 %, hasta los 122 millones.
Por otro lado, cabe destacar que 19 millones del presupuesto se destinan a apoyar a la mujer y a seguir avanzando en la promoción de igualdad y en la prevención de la violencia machista.
Además, se refuerzan las políticas para los mayores con una inversión de 322 millones para sufragar programas específicamente dirigidos a ellos, como residencias, teleasistencia, ayuda a domicilio, Club de los 60 o políticas de envejecimiento activo, entre otras.
Finalmente, se trata de unas cuentas comprometidas con el municipalismo, el desarrollo rural y el reto demográfico. A estas áreas se dedican 2.546 millones de euros para ejecutar infraestructuras e impulsar servicios en todo el territorio, con el objetivo de seguir creciendo con sostenibilidad y cohesión territorial.
Inversiones que refuerzan las potencialidades de la Comunidad
El presupuesto para 2025 destina 2.410 millones para operaciones de capital con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, de los cuales se destina el 56,63 %, 1.365 millones, para operaciones de capital en sectores económicos para seguir impulsando nuevas vías de progreso y modernización.
Así, Agricultura, Ganadería y Pesca contarán con inversiones que ascienden a 464 millones; a infraestructuras se destinan 412 millones; a Investigación, Desarrollo e Innovación, 150 millones; a Industria y Energía, 138 millones; 123 millones a diversas actuaciones económicas y al Comercio y el turismo, 78 millones en nuevas inversiones.
Escenario macroeconómico
El Presupuesto para 2025 se basa en un escenario macroeconómico que ha sido avalado por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), considerando que cumple satisfactoriamente con los requisitos de los marcos presupuestarios de los estados miembros de la UE.
Para 2025 la Junta cuenta con un escenario macroeconómico con una estimación de crecimiento del 2 % del PIB, con una tasa de paro del 9,4 % y un déficit público de referencia del 0,1 %. Asimismo, en este contexto, el peso de la deuda de Castilla y León se ha reducido al 18,8 % al final del primer semestre de este año, 3,1 puntos porcentuales inferior a la media autonómica, que asciende al 21,9 %, según el Banco de España.
Este escenario macroeconómico se ha elaborado teniendo en cuenta las circunstancias actuales del entorno económico internacional y nacional y un entorno sometido a un alto grado de incertidumbre
Ingresos
El estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2025 revela que, de los 15.084 millones de euros, corresponden a Operaciones Corrientes 12.293,3 millones y a Operaciones de Capital 1.133,3 millones de euros. La suma de ambos conceptos supone el total de Operaciones No Financieras con 13.426,6 millones que se incrementan un 3,84 % respecto al ejercicio anterior. A esto hay que añadir el conjunto de Operaciones Financieras, que ascienden a 1.657,4 millones, con un leve incremento del 1,53 %
Dentro de estos ingresos, las partidas procedentes de los Fondos Next Generation de la Unión Europea alcanzan los 447,57 millones de euros con el objetivo de impulsar una economía competitiva, digital y emprendedora. Estos fondos Next Generation están compuestos por el Fondo de Transición Justa, con 48,41 millones; el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con 372,81 millones; y por los Fondos Next Generation Desarrollo Rural, con 26,35 millones de euros
En cuanto a los ingresos por deuda, esta se incrementa un 2,48 % en 2024, hasta los 1.609 millones de euros, manteniendo el nivel de endeudamiento por debajo del 19 % del PIB de la Comunidad.
Gastos
De los 15.084 millones de euros del proyecto de presupuesto es la magnitud de referencia a la que deben ajustarse los programas de la Junta, de los que 13.490,5 corresponden a gasto no financiero (techo de gasto) y 1.593 millones de euros a operaciones financieras. Dentro del gasto no financiero están incluidos los fondos de la PAC, 924,4 millones de euros; los destinados a abonar los intereses de la deuda, 377,7 millones, y los reservados para financiar a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes, 38,5 millones de euros. Asimismo, dentro del gasto no financiero, la cantidad que gestionarán las consejerías en 2025 para ejecutar sus políticas asciende a 12.149,8 millones de euros.
Las inversiones reales alcanzan los 1.621 millones, con un aumento del 16 %, de las cuales 1.163 millones son inversiones que realiza la administración y 458 millones son inversiones reales del sector público empresarial, con un aumento del 49,9 %
Por otra parte, los gastos de personal suponen el 33 % de los gastos totales, 4.987 millones de euros, de los cuales casi el 87 % se destina a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, 4.337 millones de euros.
Asimismo, los gastos destinados a bienes y servicios, que ascienden a 2.115 millones de euros, suponen el 14 % del total. En este caso el 94,28 % de los gastos corrientes se destinan a las consejerías sociales: Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades con 1.994 millones para el mantenimiento de hospitales centros de salud, centros educativos públicos y residencias de la tercera edad, entre otros.
Se destinan 3.588 millones de euros a transferencias corrientes, lo que supone un 23,8 % de los gastos totales, de los cuales el 92,8 % (excluyendo la PAC) corresponde de nuevo a las consejerías sociales con 2.471 millones destinados a gastos de farmacia, universidades, colegios concertados y Dependencia, entre otros.
Los gastos de capital ascienden a 2.410 millones, lo que supone casi un 16 % del gasto total. Dentro de este capítulo se destina el 56,63 % a los sectores económicos: 484 millones para Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 394 millones para Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y 347 millones para Industria, Comercio y Empleo. Asimismo, se destina a las consejerías sociales 493 millones en este concepto.
