El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso de apelación presentado por una mujer condenada por la Audiencia Provincial de León como autora de un delito de asesinato en grado de tentativa contra su exmarido, con la agravante de parentesco. La resolución confirma la pena de 12 años y medio de prisión, además de diversas medidas accesorias de protección a la víctima.
La sentencia ratifica también la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de su exmarido, su domicilio o cualquier lugar donde se encuentre, y de comunicarse con él por cualquier medio durante 22 años y medio. Asimismo, se mantiene la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad respecto a los dos hijos que tienen en común.
En concepto de responsabilidad civil, la mujer deberá indemnizar a la víctima con 822.592,85 euros, además de abonar los gastos médicos no cubiertos y los costes de adaptación de la vivienda familiar. La resolución también establece una indemnización de 152.523,65 euros a la aseguradora Adeslas SegurCaixa.
Según recoge la sentencia, la relación entre ambos se había deteriorado tras la ruptura sentimental, especialmente por los conflictos derivados de las visitas de los hijos, lo que provocaba frecuentes enfrentamientos.
El envenenamiento
Los hechos se remontan a junio de 2020, cuando la mujer, presuntamente con la intención de acabar con la vida de su exmarido, impregnó una barra de chocolate con una sustancia que contenía una dosis letal de talio, un compuesto tóxico utilizado habitualmente como raticida. El dulce fue entregado a uno de los hijos comunes con instrucciones de que no lo consumiera y de que convenciera a su padre para ingerirlo.
Poco después de comer el chocolate, el hombre comenzó a sentirse indispuesto, con dolor abdominal y hormigueo en las manos. Su estado fue empeorando progresivamente y requirió varios ingresos hospitalarios, primero en un centro asistencial y posteriormente en el Hospital Universitario de León. El 15 de julio ingresó en la UCI con insuficiencia respiratoria que obligó a su intubación y ventilación mecánica, desarrollando múltiples complicaciones, entre ellas alteraciones neurológicas, lesiones cutáneas, pérdida de visión y alopecia.
Los análisis médicos confirmaron una intoxicación aguda por talio en niveles muy superiores a los admisibles y potencialmente mortales, descartándose otras posibles causas. El paciente permaneció ingresado durante meses, con estancias prolongadas en la UCI y sucesivas recaídas por infecciones y problemas respiratorios, hasta recibir el alta definitiva en enero de 2021.
Secuelas permanentes
El proceso de recuperación se prolongó durante 705 días y dejó importantes secuelas, como polineuropatía severa en las extremidades, atrofia de los nervios ópticos y deterioro cognitivo de carácter leve a moderado. En noviembre de 2021 se le reconoció la incapacidad permanente absoluta.
Contra la resolución del TSJCyL aún cabe la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Nueva detención por un ataque con ácido
La mujer volvió a ser detenida el 23 de octubre de 2025 por la Guardia Civil en el marco de la operación Lapidem, acusada de un delito de lesiones graves tras presuntamente atacar de nuevo a su exmarido con un líquido corrosivo en la localidad de Jiménez de Jamuz. El hombre sufrió graves lesiones en el rostro, cuello y otras partes del cuerpo.
Según la investigación, la agresora actuó con un traje de protección, capucha, gafas y guantes, lo que dificultó su identificación inmediata. Posteriormente se recibieron cartas anónimas con amenazas de muerte dirigidas al entorno de la víctima. Ante el riesgo para su integridad, la Guardia Civil intensificó las pesquisas hasta lograr su detención e ingreso en prisión, imputándole también delitos de amenazas y quebrantamiento de medidas judiciales.
