Las Cortes de Castilla y León instaron este miércoles a la Junta para que reconozca la categoría profesional de bombero forestal antes de que finalice este año, con la votación unánime del punto de la proposición no de ley socialista que pedía este reconocimiento. Además, el resto de la propuesta, que solicitaba la transformación del dispositivo contra incendios de la Comunidad en un operativo “público, permanente y estable todo el año”, también salió adelante con el voto favorable de PSOE, UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto y la abstención de PP y Vox.
La proposición no de ley fue defendida por el procurador socialista Pedro González Reglero, que defendió como “necesidad” la transformación del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales para que sea “público, permanente y estable todo el año”. Una petición que, en su momento, desde Junta y PP calificaron como “brindis al sol” y que ha resultado, según afirmó González Reglero, en un verano repleto de incendios forestales en Castilla y León.
“De aquellos polvos, estos lodos”, señaló, antes de pedir también a la Junta el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal para los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios de Castilla y León para acabar con el “desprecio” y la “nula consideración” que, según el procurador socialista, tiene el Gobierno autonómico con los trabajadores contra incendios.
Y es que, tal y como afirmó González Reglero, la Junta “legisla de espaldas a los trabajadores”, al contrario que el Gobierno de España, que aprobó el coeficiente reductor a partir de los 60 años para los bomberos forestales que no se puede aplicar en Castilla y León porque “no tienen la consideración de esa categoría” debido al rechazo del PP a la proposición de ley presentada en el pasado periodo de sesiones por parte del PSOE.
Al respecto, y durante el debate mantenido hoy en las Cortes, el procurador ‘popular’ Alberto Castro criticó al PSOE por “utilizar los incendios para hacer el mayor daño” a la Junta, y aunque reconoció la “responsabilidad” del Gobierno autonómico para apagar los fuegos, culpó de ellos a “los que los inician por causa negligente y mala fe”, lamentando que los socialistas “obvien esta realidad”.
“Basan su oposición en la mentira y la indecencia”, aseguró Castro, que señaló que quien aprobó el reconocimiento de los bomberos forestales fue el Gobierno de España, por lo que “es su competencia” pese a que la legislación requiere de su traslación autonómica, y reiteró como “brindis al sol” la presentación autonómica de la Ley de Bomberos Forestales, solicitada por el PSOE.
Por último, defendió que el operativo se ha mejorado y aunque reconoció que “hay que seguir trabajando”, añadió que van a aplicar el reconocimiento de bombero forestal porque “es una obligación legal”.
En su respuesta, González Reglero celebró que Castro reconociese que “el responsable es la Junta porque es la única que tiene las competencias”, y tras pedir “que caiga todo el peso de la ley sobre quien provoque los incendios”, recordó que “agradecer a los profesionales la extinción del fuego con palmaditas en la espalda no vale” y que el reconocimiento de la categoría de bombero forestal lleva aparejado “mejoras en las condiciones económicas”, siendo además Castilla y León “la única que no les reconoce como tales”.
Por parte de Vox, Iñaki Sicilia consideró las consecuencias de los incendios como “resultado de las políticas del bipartidismo”. “Da igual quien gobierne, el problema es que es el culmen de la ineficacia de la gestión de las administraciones públicas”, puntualizó el procurador de Vox, que acusó a PP y PSOE de “limitarse a mover dinero, cargos y cuotas de poder” sin “evitar problemas a la ciudadanía”.
Además, presentó las enmiendas de adición y sustitución planteadas por su grupo a la PNL socialista. La primera, para “derogar cualquier disposición normativa autonómica relacionada con el fanatismo climático” para la gestión de montes y exigir al Gobierno “la revisión profunda de la normativa estatal” al respecto, rechazada por los socialistas, al igual que sucedió con la enmienda de sustitución para la “mejora técnica”, como la calificó Sicilia.
“Hipocresía y soberbia” de la Junta
Desde el resto de la oposición, el portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, tras mostrar su apoyo a la iniciativa, consideró que “lo más duro de subir” al estrado de las Cortes es “repetir hasta la saciedad la necesidad mejorar los recursos y la condición de los agentes medioambientales para llegar a la conclusión de que a los señores del Partido Popular y el Gobierno de Castilla y León se la bufa”.
“Les importa tres narices lo que se apruebe en estas Cortes, dándole el papel de fallido, el que le doy a la Comunidad”, apuntó, tras calificar como “frustrante” que se aprueben iniciativas en el Parlamento autonómico que la Junta “no va a aplicar porque les importa poco”.
Además, criticó a la Junta porque trabajadores que “llevan 20 años” en el operativo contra incendios, sigan con contratos de entre tres y seis meses de duración, “no 12 meses como defiende el consejero”, y señaló que “lo que la Junta ahorra no gastando en un sistema correcto de prevención y extinción de incendios se multiplica por tres tras una campaña como la que hemos tenido”. “Hay que modificar esas condiciones”, concluyó, tras calificar como “hipócritas” a los miembros de la Junta y el PP.
Desde Por Ávila, Pedro Pascual pidió “responsabilidad, urgencia y soluciones” ya que “Castilla y León arde cada verano” con un operativo “temporal, precario y desbordado” porque “no tienen los medios adecuados ni un reconocimiento profesional”. Por ello, y para “dotarlos y protegerlos” tras “años de denuncia de los propios bomberos por falta de respeto institucional”, anunció su voto favorable a la propuesta socialista, para “transformar el operativo en permanente”. “No esperemos al próximo verano para seguir lamentándonos”, concluyó.
A continuación, Francisco Igea lamentó que “nuestro pequeño Mazón” no estuviera presente durante el debate de la proposición no de ley, y pidió el voto por separado del punto relativo al reconocimiento de la categoría de bombero forestal para ver “hasta donde llega la infinita soberbia del PP” para “decir a los profesionales, después de más de 150.000 hectáreas quemadas, que no eran ni bomberos”.
Por último, Pablo Fernández, tras mostrar su apoyo a la iniciativa, también afeó que solo estuviera una de las consejeras de la Junta durante el debate de esta proposición y criticó de nuevo al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por “decir que era un despilfarro mantener el operativo durante todo el año”. “Que después de la catástrofe de 2022 y de la de este verano no vayan a votar a favor de esta iniciativa es abominable”, concluyó, dirigiéndose a los procuradores del Partido Popular.
