La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha supeditado la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Vivienda a que todas las comunidades autónomas (CCAA) acepten los tres compromisos políticos de mínimos propuestos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes del pasado 6 de junio en Barcelona. Esta postura ha sido trasladada por fuentes del Ministerio a Servimedia, en respuesta a la carta enviada por las autonomías gobernadas por el Partido Popular que solicitaban dicha Conferencia Sectorial.
"Si todas las comunidades autónomas asumen esos compromisos, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, convocará una conferencia sectorial para abordar de forma conjunta el nuevo plan.
De lo contrario, las negociaciones se llevarán a cabo de forma bilateral, explicaron desde el Ministerio. Asimismo, recordaron que el Estado tiene la potestad para dirigir y condicionar las políticas de vivienda que se llevan a cabo con sus fondos, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional. "Si hay CCAA que no quieren participar del acuerdo que plantea el Gobierno, disponen de competencias, así como de autonomía fiscal y financiera, para desarrollar sus propias políticas de vivienda", añadieron, dejando clara la postura del Ejecutivo central.
Un acuerdo de "sentido común" y adhesiones iniciales
Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se califica el acuerdo propuesto como de "sentido común". Han informado que ya han empezado a trabajar en el nuevo Acuerdo Estatal de Vivienda con las autonomías que sí han aceptado estos compromisos políticos. Hasta el momento, se han mantenido contactos con País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia, siendo esta última la incorporación más reciente a la iniciativa.
Estas comunidades han dado su visto bueno a tres puntos clave que buscan transformar el panorama de la vivienda en España: triplicar la inversión en políticas de vivienda; aumentar la corresponsabilidad, de tal modo que las CCAA aporten el 40% de los recursos y el Estado el 60%; y proteger de forma permanente las viviendas que se financien con estos fondos para que formen parte del parque público de vivienda "para siempre", además de comprometerse a ofrecer datos oficiales de forma transparente. Con estas medidas, el Gobierno busca sentar las bases para una política de vivienda más sólida y equitativa.
Finalmente, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha instado al resto de comunidades autónomas a aceptar "el acuerdo que se les ha planteado, que es de mínimos y de sentido común, y que no busca otra cosa que garantizar el derecho a una vivienda digna para siempre". Este llamamiento subraya la urgencia y la importancia de un consenso nacional para abordar uno de los desafíos sociales más apremiantes en el país.
