La atención a la salud mental en los centros penitenciarios de Castilla y León atraviesa una situación crítica. Según los últimos datos manejados por Comisiones Obreras (CCOO), cerca del 40 % de la población reclusa en la comunidad podría padecer algún trastorno mental, una cifra alarmante frente a la grave escasez de profesionales y dispositivos especializados.
El sindicato advierte de que este déficit no solo vulnera el derecho a la salud de los internos, sino que compromete la convivencia y la seguridad laboral de los trabajadores.
El centro penitenciario de Topas ilustra a la perfección esta crisis, operando en abril de 2026 con apenas dos médicos de los nueve contemplados en su plantilla para atender a casi 1.300 reclusos.
Para revertir este deterioro, CCOO exige cubrir de inmediato las vacantes sanitarias, incorporar atención psiquiátrica presencial y hacer efectiva la transferencia de la sanidad penitenciaria a la Junta de Castilla y León, además de reforzar los protocolos de prevención de riesgos para evitar agresiones en las cárceles.
