La ONG Accem cifró en 7.357 las solicitudes de protección internacional registradas en Castilla y León durante el año 2023, de las que 357 pertenecieron a personas procedentes de Ucrania. La mayoría de las solicitudes se presentaron en Valladolid (1.798), Burgos (1.141) y León (1.099), que agrupan el 55 por ciento de las peticiones. El resto se presentaron en Salamanca (766), Segovia (696), Zamora (531), Ávila (522), Palencia (434) y Soria (370).
Por su parte, y según informó en un comunicado remitido a Ical, Accem atendió el pasado año a 6.777 personas que solicitaron o tienen algún tipo de protección internacional o temporal en la comunidad: 567 en Ávila, 958 en Burgos, 813 en León, 1.014 en Salamanca, 1.029 en Segovia, 319 en Soria y 2.077 en Valladolid.
A nivel nacional, el año 2023 cerró con 163.220 solicitudes de protección internacional en España, el máximo histórico desde la creación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), un incremento del 37 por ciento respecto a 2022, cuando se recogieron 118.446. Asimismo, se registraron 33.928 solicitudes de protección temporal, una figura jurídica que la Unión Europea puso en marcha para dar acogida a las personas que huyen de Ucrania.
Accem dio atención y acompañamiento a un total de 29.040 personas que solicitaron o tienen algún tipo de protección internacional o temporal en 2023 en el conjunto de España. De ellas, el 52 por ciento corresponde a hombres (15.019) y el 48 por ciento a mujeres (14.021). Los principales países de origen fueron Ucrania, Colombia, Venezuela, Perú, Marruecos, Mali, Siria y Rusia.
La ONG ofreció estos datos con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas este jueves 20 de junio, Accem pone en marcha una serie de acciones y contenidos para sensibilizar sobre la situación de las personas refugiadas, especialmente en un contexto global cada vez más convulso y que está provocando grandes movimientos de personas que huyen de situaciones de conflicto, persecución o inestabilidad social y política.
La ONG destaca, en ese sentido, el retroceso en materia de asilo en el seno de la UE, con políticas como el pacto de Migración y Asilo o las propuestas dirigidas a externalizar la gestión migratoria a terceros países, y destaca la necesidad de promover la cultura de la paz como única vía posible para consolidar y avanzar en materia de derechos humanos.
