Al menos cinco comunidades de vecinos de Salamanca han sido víctimas de los presuntos amaños y chanchullos de un presunto administrador de fincas que, en el momento que se escriben estas líneas, se encuentra en paradero desconocido.
Este supuesto administrador, C.G.G, no colegiado en el Colegio Oficial de Administradores de Salamanca, seguía presuntamente un claro modus operandi: cargos extras, traspasos entre Comunidades, obras aprobadas en una comunidad y pagados con los fondos de otra.
De hecho, toda la información recabada por este medio apunta a que, presuntamente, sus actuaciones se limitaban a grandes comunidades excluyendo, por tanto, aquellas que dados sus escasos vecinos pudieran levantar sospechas.
La última reunión presencial con el gestor tuvo lugar a finales de 2025, relata una de las víctimas a este medio. Una vez celebrado el encuentro, la comunidad convocó una junta extraordinaria sin su presencia y acordó su cese puesto que “hacía cosas muy raras”.
El nuevo administrador designado solicitó, como corresponde, la entrega de documentación que solo él poseía. Sin embargo, pese a la insistencia, el ahora desaparecido se limitó a dar largas y evitar el envío de la información pedida.
Tras lograr acceder a los citados documentos -y no especialmente por la colaboración del sospechoso- la sorpresa fue mayúscula: en las cuentas había un saldo inferior a 1.000 euros cuando, de acuerdo con las actas y presupuestos aprobados por los propietarios, el importe disponible debería superar los 100.000 euros.
“Hemos tenido que ir puerta por puerta para rehacer el listado de propietarios porque no teníamos los datos” explica una de las víctimas, que relata a Salamanca24horas la dificultad que les ha supuesto reconstruir la situación administrativa de la comunidad sin los archivos básicos.
A fecha de publicación, indican que no han obtenido respuesta y que desconocen el paradero del presunto estafador.
Las comunidades afectadas están recopilando información para ponerla en manos de sus abogados y emprender acciones legales mientras, paralelamente, están intentando localizar al mayor número de personas afectadas para emprender acciones en conjunto.
Por su parte, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Salamanca y Zamora ha confirmado públicamente que" la persona implicada no está colegiada y advierte del riesgo que supone confiar la gestión de fincas a quienes ejercen sin las garantías profesionales exigidas".
Asimismo, señalan que se ponen a disposición de los afectados y de los profesionales y hace hincapié en su compromiso en la lucha contra el intrusismo laboral, "subrayando la importancia de verificar siempre la colegiación del profesional encargado de la gestión de la comunidad".
