El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, ha entregado este jueves, 25 de junio, al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, la Memoria de 2019, año en el que la institución ha iniciado un nuevo mandato y la actividad se ha incrementado significativamente.
La Memoria, aprobada por el Pleno de la institución, se presentará ante las Cortes de Castilla y León para su conocimiento público, en cumplimiento del artículo 63 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo.
Por primera vez, y como reflejo de que el Consejo Consultivo es una institución propia que integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, se recoge en un único documento la actividad consultiva y la del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
El Consejo Consultivo aprobó 622 dictámenes el pasado año, un 12% más que en 2018, y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 215 recursos, un 66% más que el año anterior.
El presidente del Consejo Consultivo, durante el encuentro con el presidente de las Cortes de Castilla y León, además de exponer los principales datos de la actividad del pasado año, se ha referido al momento que se está viviendo, señalando que el Consejo ha realizado un esfuerzo adicional para que su funcionamiento, dentro de la gravedad de la situación, se enmarque en una relativa normalidad institucional.
En este sentido, ha señalado que el Consejo Consultivo, desde que se decretó el estado de alarma y las sucesivas prórrogas, ha seguido desempeñando su papel de garante de la legalidad y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos castellanos y leoneses y de las entidades locales, realizando una intensa labor que se traduce en la aprobación durante ese periodo de casi un centenar de dictámenes y la resolución de 34 recursos.
Intensa actividad desarrollada el año pasado
La Memoria del pasado año recoge la evolución ascendente en cuanto al número de consultas que llegan a la institución. En opinión de Agustín S. de Vega, las administraciones ven en el Consultivo una importante garantía jurídica para los procedimientos y los actos administrativos, y los ciudadanos, por su parte, advierten la cercanía y rapidez de los dictámenes de cara a la protección de sus derechos. S. de Vega explica respecto al Tribunal que el incremento de trabajo se debe, por un lado, a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y, por otro, a la tutela jurídica que otorga.
El año pasado, más de la mitad de los dictámenes (52%) han sido solicitados por administraciones locales y, la mayoría, concretamente el 78%, corresponde a asuntos de responsabilidad patrimonial, registrando éstos un aumento respecto al año anterior. El 48% de las consultas provienen de la administración autonómica.
En cuanto al Tribunal, subrayar que la citada tutela jurídica que otorga ha generado una gran confianza entre los candidatos a la contratación, los licitadores y los operadores jurídicos. La cifra de más de 1.550 millones de euros en litigio el pasado año confirma la consolidación del Tribunal.
Destacar, según recoge la Memoria, la rapidez con la que se emiten los dictámenes y resoluciones a pesar del incremento de la actividad. Más del 82% se hicieron en un promedio de 14 días hábiles, lo que supone una importante reducción respecto al plazo de 20 días hábiles establecido legalmente.
En la misma línea debe mencionarse que en el Tribunal la duración media del procedimiento fue únicamente de 29 días hábiles desde su admisión a trámite, tiempo muy inferior al de los procesos judiciales y al plazo del silencio desestimatorio.
Asimismo, subrayar, que sigue siendo indiscutible en 2019 la auctoritas de la institución dado que de las comunicaciones oficiales recibidas sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultantes, casi el 96 % se han tomado de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo, y resaltar la escasa litigiosidad que provocan las resoluciones del Tribunal.
Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha destacado la capacidad del Consejo Consultivo para poder sacar adelante un centenar de dictámenes durante el estado de alarma, la mayor parte de ellos referidos a cuestiones del ámbito sanitario y del funcionamiento de los servicios públicos.
Además, Fuentes ha reconocido los “esfuerzos por resolver con la máxima rapidez” en cuestiones “tan necesarias y urgentes” como la flexibilización del régimen presupuestario “ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública”.
Por todo ello, Luis Fuentes ha calificado al Consejo Consultivo, una de las cuatro instituciones propias adscritas a las Cortes de Castilla y León, como un órgano “eficaz” cuya razón de ser “empieza y acaba en su entrega a la defensa de los derechos de los ciudadanos” de la Comunidad, y que “ha sabido adaptarse a circunstancias extraordinarias con tesón y diligencia”.
