La pandemia y sus restricciones, junto con las medidas públicas para sostener el empleo y la economía, impulsaron profundamente el ahorro de los castellanos y leoneses, que se disparó en 5.400 millones de euros desde finales de marzo de 2020 a esa misma fecha de 2021. Los depósitos bancarios alcanzaron así un nuevo máximo histórico en Castilla y León, con 76.076,8 millones de euros, que suponen un crecimiento porcentual en un año del 7,6 por ciento.
El aumento del ahorro financiero de los ciudadanos de Castilla y León contrasta con la actividad crediticia, que se situó en los 43.464 millones, con un tímido avance del 1,1 por ciento y 486,1 millones más que un año atrás Un dato positivo si se tiene en cuenta la profunda parálisis económica sufrida durante todo el año pasado, desde que se declarara el estado de alarma a mediados de marzo.
Provincias
Por provincias, los depósitos crecieron de forma generalizada. Encabezó el ranking León (13.592,2 millones de euros), donde avanzaron un 9,1 por ciento, seguida por Valladolid (16.731,4), con una subida del 8,6 por ciento; y Burgos (12.067,2), con un aumento del 7,9 por ciento. Asimismo, el ahorro bruto financiero se incrementó en Soria (3.770,9 millones), un siete por ciento; en Salamanca (10.183,7), un 6,8 por ciento; en Zamora (5.489,6), un 6,6 por ciento; en Segovia (4.573,4), un 6,5 por ciento; en Ávila 4.549), un 6,3 por ciento, y en Palencia (5.119,1), un 5,3 por ciento.
Por lo que se refiere a los créditos, mermaron en Palencia (2.165,3 millones de euros), un 4,2 por ciento; y en Ávila (2.149,5), un 0,1 por ciento. Por el contrario, crecieron en Zamora (2.451,7 millones), un 6,2 por ciento; Soria (1.705,9), un 3,3 por ciento; León (6.923,1), tres por ciento; en Segovia (2.528,4), un 2,4 por ciento; en Salamanca (5.567), un 0,9 por ciento; en Valladolid (12.646,8), un 0,4 por ciento; y en Burgos (7.326), un 0,3 por ciento.
El ahorro neto financiero alcanzó al cierre del primer trimestre de 2021, los 6.669 millones de euros en la provincia de León, seguida por Salamanca, 4.616,7 millones; Burgos, 4.741,2; y Valladolid, 4.084,5. Asimismo, el saldo entre depósitos y créditos sumó un ahorro de 3.037,9 millones de euros en territorio zamorano; 2.953,7 en el palentino y 2.399,4 en el abulense. Por último, alcanzó 2.064,9 millones en Soria; y 2.044,9 en Segovia.
Las cifras que maneja el Ejecutivo regional, recogidas por Ical, revelan un importante crecimiento al cierre de primer trimestre de este año, respecto a la misma fecha de 2020, tanto de los depósitos públicos como de los privados. En concreto, los primeros se dispararon un 12,5 por ciento, hasta los 3.116,6 millones, mientras que los segundos subieron un 7,6 por ciento, con 72.960,1 millones.
En cuanto a los créditos, la inversión pública mermó un 0,5 por ciento, con 3.173 millones de euros; mientras que los préstamos al sector privado se incrementaron un 1,3 por ciento, hasta los 40.291,2 millones de euros.
Estos datos arrojan un saldo financiero, depósitos menos créditos, de 32.612,5 millones de euros, una cuantía de ahorro neto jamás vista y que revela la enorme capacidad de liquidez que existe para poder financiar unas inversiones aún paralizadas por la incertidumbre del momento.
Incertidumbre
El secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, destacó que los datos están marcados por la situación de “incertidumbre” por la pandemia, que ha impulsado los depósitos de los ciudadanos y paralizado la inversión por el “miedo”. “Hasta que no se elimine esa incertidumbre ni la gente empezará a gastar sus ahorros ni se endeudarán las empresas para invertir”, dijo a Ical.
Estaban indicó que la vacunación va avanzando y al mejorar la visión de futuro se produce esa ligera mejoría en las cifras de inversión crediticia en el primer trimestre del año y sentenció que a medida que avance ese proceso y la actividad global vaya mejorando “irá descendiendo el ahorro, porque la gente empezará a gastar y habrá más inversiones porque la economía lleva paralizada un año y medio”.
En este contexto, también exigió a las administraciones públicos que empiecen a diseñar nuevos instrumentos e incentivos para que las empresas puedan lograr una financiación atractiva para poder acometer sus proyectos de futuro.
