El Ayuntamiento de Salamanca celebró este viernes, 6 de septiembre, su primer Pleno municipal tras las ‘vacaciones’ de verano. Una sesión que estuvo marcada por la toma de posesión como concejal de Javier García Rubio, que ocupa la vacante dejada por Julio López Revuelta -así como todos los cargos que ostentaba este- y por el rechazo de todas las mociones presentadas salvo la declaración institucional.
Lo primero que se hizo, eso sí, fue aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento, algo que se hizo con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Podemos, la abstención del PSOE y el voto en contra de Izquierda Unida. Y es que Virginia Carrera argumentaba que no podía votar a favor cuando se habían dejado sin ejecutar más del 60% del capítulo de inversiones o se seguía invirtiendo “en un pozo sin fondo” como es Mercasalamanca, si bien Fernando Rodríguez le respondió recordándole que esas eran excusas “ajenas al debate” sobre lo que se estaba aprobando.
Por su parte, el PSOE se abstuvo, según comentó su concejal Marcelino García, porque pese a que no dudan de la veracidad de las cuentas -ya que han sido auditadas-, su grupo municipal no se sentía “vinculado a este presupuesto”.
Inmediatamente después se aprobaron los dictámenes de la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior sobre reconocimiento extrajudicial de créditos anteriores, algo que se logró con el apoyo de PP, Ciudadanos y Podemos y la abstención de IU y PSOE. Eso sí, todos los grupos coincidieron en que ese reconocimiento, que era necesario para que no se quedase sin atender ningún compromiso de gasto del Ayuntamiento, debía ser un hecho puntual, tal y como sucedía en esta ocasión, y no establecerse como norma general.
‘Pleno’ de mociones rechazadas
Tras leer la declaración institucional adoptada por todos los grupos quecreará una nueva señalización turísticaen la ciudad de Salamanca, llegó el turno de presentar las mociones. En total, cinco -el PSOE retiró una sobre la declaración de emergencia climática- de la cuáles tres correspondían a los socialistas y dos al grupo mixto -una de Podemos y otra de IU-. Y todas, sin excepción alguna, fueron rechazadas.
La primera del PSOE, que versaba sobre lagratuidad de los libros de texto, fue una de las que más debate generó. El portavoz socialista, José Luis Mateos, incidía en que cada familia se gasta en cada curso, de media, unos 300 euros y, pese a que cada vez desde la Junta se avanza en la materia con diversos programas, como el Releo+, dos tercios de las familias de Castilla y León seguían sin tener un acceso gratuito a ese material escolar.
Por ello, y como para este curso “no dará tiempo”, valoraba Mateos, el PSOE instaba a la Junta a lograr para el año que viene la gratuidad universal. Sin embargo, tanto Ciudadanos, de la mano de Fernando Castaño, como el PP, a través de María Victoria Bermejo, se encargaron de recordar al socialista que el acuerdo programático firmado por ambos partidos recoge en el punto 54 la elevación progresiva del tope de ingresos familiares que da acceso a esta prestación y que actualmente se sitúa en 2,5 veces el IPREM, si bien se espera que aumente de cara al curso que viene, motivo por el que ambos votaron en contra.
Mientras, tanto Podemos como Izquierda Unida -que votaron a favor- valoraron la necesidad de crear un banco de libros que permitiría no sólo el acceso gratuito a dicho material, sino también supondría un ejercicio de responsabilidad y sostenibilidad por parte de los escolares, ya que tendrían que “cuidar y reciclar” los libros.
En lo que a los programas de conciliación durante el período de adaptación de los escolares que comienzan el segundo ciclo de Educación Infantil respecta, la concejala socialista Marian Recio reflejó la dificultad que tienen muchos padres para “llegar a todo” y, si bien se congratuló de que existan ya programas como Madrugadores que permitan cierta conciliación, consideró necesaria la creación de programas específico por parte de la Junta.
Esa petición, secundada tanto por Carmen Díez como por Virginia Carrera, obtuvo la respuesta de la teniente de alcalde, Ana Suárez, quien recordó que al ser un tema competente de la Junta debía registrarse en las Cortes una PNL, puesto que “ese es el contexto en el que debe estudiarse eso”, puesto que la actuación del Ayuntamiento de Salamanca lo único que haría sería “entorpecer”.
Algo similar expuso la concejala popular María Victoria Bermejo, considerando que han de ser los centros, ya que tienen la autoridad competente, los que deberían facilitar la planificación durante ese programa de adaptación “necesario” para los escolares, si bien ya existían suficientes mecanismos que permitían la conciliación.
La última moción socialista tuvo como protagonista al Centro de Investigación del Cáncer. Desde el PSOE se pedía la reposición de lafinanciación de la Juntaa dicho centro de un millón de euros acordada en 2011 para sufragar los gastos corrientes y generales y así permitir que el CIC siguiese siendo un centro “de gran prestigio en todo el mundo”, y que no tuviese que depender de convocatoria de concurrencia competitiva, como hasta ahora.
Nuevamente contó con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida. Significativa fue la intervención de Carmen Díez, superviviente de esta enfermedad -como ella misma reconoció-, insistiendo en la importancia que tiene la investigación para la detección precoz, y “ya que teóricamente la crisis ha pasado, tenemos que volver a elementos anteriores”. Virginia Carrera también consideró “vergonzoso” que los jóvenes investigadores se exilien por falta de oportunidades, aunque recordó que el resto de centros de investigación en Salamanca “también necesitan financiación”.
Otro de los aspectos que señaló la concejala de IU fue que los investigadores necesitan una reestructuración de la carrera investigadora, algo en lo que coincidió totalmente Ana Suárez. Eso sí, la concejala de Ciudadanos pidió al PSOE que retirara la moción -no lo hizo- ya que el presidente de la Junta de Castilla y León y la consejera de Sanidad han llegado a un acuerdo para mantener reuniones multilaterales con todos los actores y que estos aporten sus necesidades.
La teniente de alcalde también contestó a Mateos, preguntándole si tenía constancias de que las necesidades del centro fuesen las mismas que hace 8 años.
Mientras, María José Fresnadillo recordó la “voluntad clara y firme” de Junta para dotar al CIC y que este funcione cada vez mejor, como demuestran las inversiones realizadas en los últimos años, y opinó que a los socialistas “el centro no les importa, sino sacar un rédito político”.
Problemas de tiempo y diferencias en la valoración del fútbol popular
La cuarta moción, presentada por Podemos, versaba sobre “no el problema municipal más importante pero sí uno relacionado con la vida municipal”, y era la petición al Gobierno de que se firmase una nueva Ley del Deporte que eliminase la obligatoriedad de que los clubes de fútbol sean Sociedades Anónimas Deportivas en el momento que lleguen al fútbol profesional.
Con el ejemplo de Unionistas, Carmen Díez recordó que es una ley de 1990 la que obliga, incluso a clubes saneados -como le ocurrió a Mirandés o Lugo- a convertirse en SAD pese a ser una situación “impuesta y no querida”. Igualmente, la moción también pedía al Ayuntamiento que incluyese en el Reina Sofía la nominalidad de “fútbol popular, en homenaje de quienes juegan sobre su césped y ocupan sus gradas”.
Esta intervención tuvo un primer problema y es que, al formar Podemos parte del Grupo Mixto, ‘consumió’ todo el tiempo de intervención del mismo, dejando sin poder hablar a Virginia Carrera, que sí lo hizo al final para confirmar su voto a favor si bien se mostraba en contra de incluir en el mismo nombre a la monarquía y a lo popular, ya que en su opinión eran términos opuestos.
El resto de partidos, si bien consideraron necesario fomentar una nueva Ley del Deporte que se ha quedado anticuada después de 30 años, recordaron que no era el lugar indicado para fomentarla, ya que es competencia del Congreso de los Diputados; y, sobre el cambio de nombre, todos reflejaron que la instalación es propiedad de la Diputación de Salamanca, motivo por el que no se debía hacer ya que, además, habría que consultar al resto de equipo que jugaban allí.
La última moción sobre la que se discutió fue lamejora de los pasos de peatones, presentada por Izquierda Unida, quien insistió en los problemas de velocidad que existen en la ciudad y que la compatibilidad con los peatones es casi inexistente, por lo que incidió que si se llevasen a cabo medidas eficaces se reducirían el número de atropellos.
La medida, que contó con el apoyo de Podemos y PSOE, fue rechazada por Ciudadanos y PP ya que recordaron que ya existen diferentes planes de viabilidad que garantizan la seguridad de ciudadanos y que en las comisiones correspondientes se tratan diferentes medidas para, precisamente, conservar el bienestar y la salud de los ciudadanos salmantinos.
