La Ley de Función Pública de Castilla y León determina que las relaciones de puestos de trabajo (RPTs) son el instrumento técnico a través del cual la Administración Autonómica ordena sus recursos humanos para una eficaz prestación del servicio público, y establece los requisitos que deben cumplir los empleados públicos para el desempeño de cada uno de estos puestos de trabajos.
En particular, en las RPTs se determina el número de puestos de trabajo que existen, las características de cada uno de los puestos, el cuerpo o categoría al que debe pertenecer cada empleado público para cada puesto, y sus retribuciones. Dichos puestos se ordenan por consejerías y organismos autónomos, y a su vez se desglosan en servicios centrales y servicios periféricos en las diferentes provincias de la comunidad.
La RPT aprobada este jueves, 1 de agosto, por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de la Presidencia engloba a los puestos de trabajo de funcionario de la Administración General de la Comunidad, y afecta a los 11.675 empleados públicos que en la actualidad ocupan uno de estos puestos en los servicios centrales y periféricos de todas las consejerías, además de en los puestos de funcionario de la Administración General en el ECyL, el SACyL y la Gerencia de Servicios Sociales.
Características y objetivos de la nueva RPT
El número de puestos de trabajo de la antigua RPT que ahora se deroga era de 17.792, y el número de puestos que hoy se ha aprobado para la nueva RPT es de 16.304. Se han dado de alta un total de 1.823 nuevos puestos de trabajo, y se han amortizado 3.311.
La reducción en el número de puestos de personal funcionario de la Administración General se debe a tres circunstancias, relacionadas con la búsqueda de la eficiencia, la evolución de la sociedad, y la promoción del acceso al empleo público en la Administración Autonómica. En primer lugar, se han suprimido aquellos puestos de trabajo que llevan vacantes durante un largo periodo de tiempo o que no se han ocupado nunca. Por otro lado, se han suprimido puestos que son prescindibles debido a que sus funciones asociadas ya no se acomodan a las necesidades reales del servicio público. Por último, se han suprimido puestos que no son atractivos para el empleado público, al tiempo que se han mejorado aquellos puestos que son necesarios para atender el servicio público.
Con la aprobación de la nueva RPT se pretende atender con mayor eficacia las necesidades del servicio público, en función del volumen de demanda de los ciudadanos. También se adaptan los nuevos puestos de trabajo a la nueva estructura orgánica de las consejerías y los organismos autónomos, tanto a nivel central como en los servicios periféricos de las provincias (todos aquellos que no están en las capitales de provincia) y ultraperiféricos de la comunidad (en municipios pequeños y lejanos de las capitales de provincia, o en municipios de difícil acceso). Las localidades afectadas en este sentido se determinan en el Anexo V de los Acuerdos de aprobación de las RPTs.
Para favorecer su cobertura, estos puestos periféricos y ultraperiféricos tendrán aparejadas unas mejores condiciones retributivas: en particular, se ha mejorado el complemento específico de cada uno de estos puestos en un punto. Esta novedad no solo será beneficiosa para los empleados públicos que ocupen estos puestos, sino que también los castellanos y leoneses residentes en las zonas periféricas y ultraperiféricas de la comunidad verán mejorado su acceso a los servicios públicos autonómicos, al ser puestos más atractivos que se podrán cubrir más fácilmente. Además, se abre la posibilidad, en caso de que estos puestos queden sin cubrir, de que puedan ser provistos con funcionarios de otras administraciones públicas, ya sean ayuntamientos o comunidades autónomas limítrofes.
En total, el porcentaje de puestos abiertos a otras administraciones públicas es de un 8,15%, cumpliendo con lo acordado en los convenios firmados con dichas administraciones. Ello se debe a la gran extensión territorial de Castilla y León, y también al elevado número de comunidades autónomas con las que compartimos límites territoriales, que también pueden ayudar a cubrir estos puestos ultraperiféricos.
Por otro lado, con esta nueva RPT se busca homologar los puestos de trabajo, de manera que se evite la disparidad de tipos de puestos para idénticas funciones. Esta homologación supone la mejora retributiva de 10.706 puestos de trabajo, es decir, un 66% del total, que verán incrementado su complemento de destino y/o su complemento específico. También se van a mejorar las condiciones de teletrabajo, para hacer esta modalidad más atractiva para los empleados públicos y avanzar en la conciliación con la vida familiar.
La mejora en las condiciones de los puestos de trabajo aprobados hoy supondrá también una mayor inversión económica de la Junta de Castilla y León. El cálculo de los costes de las RPTs se realiza desde un punto de vista teórico, considerando el resultado final si todos los puestos de trabajo fuesen cubiertos por funcionarios públicos, y sin tener en cuenta los diferentes complementos retributivos personales asociados a cada funcionario (antigüedad, carrera horizontal, gratificaciones extraordinarias o complemento de jornada dedicación especial). De esta forma, el coste teórico anual de la RPT que ahora se deroga era de 698,4 millones de euros al año, mientras que el de la RPT que hoy se aprueba será de casi 701,8 millones de euros al año.
Por último, dentro de estas RPTs es destacable la reducción de puestos provistos a través de concurso específico: en la anterior RPT había 1.366 (un 8,25% de todos los puestos de concurso), y en la nueva hay 726 (un 4,81%). Es decir, 640 puestos menos. Además, en el apartado de puestos a cubrir por libre designación, se pasa de 419 puestos (un 2,35% del total) a 369 (un 2,26%), es decir, 50 puestos menos.
Evolución temporal de la RPT de funcionarios
La RPT que ha estado en vigor hasta hoy deviene de la anulación efectuada por diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pronunciadas contra las diferentes RPTs que se han intentado aprobar, a causa de la aplicación de un instrumento jurídico específico conocido como el catálogo de puestos tipo, cuyo objetivo era el de homogeneizar las características de las plazas similares en el conjunto de todas las consejerías y organismos autónomos.
La anulación de este catálogo por sentencia del TSJ impidió sacar adelante dichas RPTs en dos ocasiones: la primera, en 2018, cuando el Tribunal consideró que dicho catálogo tendría que haber sido aprobado mediante una norma con rango de decreto, en lugar de por Acuerdo; y la segunda, en 2019, por un defecto formal producido por la ausencia de informe del Consejo Consultivo al Decreto por el que se aprobaba el catálogo de puestos tipo.
A causa de estas dos sentencias judiciales, en 2020 se procedió a modificar la Ley de la Función Pública de Castilla y León mediante decreto-ley, con la finalidad de derogar la existencia del instrumento jurídico del catálogo de puestos tipo. En consecuencia, las RPTs aprobadas hoy garantizan seguridad jurídica a todos los empleados públicos afectados, al mismo tiempo que adaptan, tras años de procedimiento administrativo y de negociación con los representantes sindicales, las prioridades del servicio público a las demandas de la ciudadanía, lo cual era, y seguirá siendo, una auténtica prioridad de esta Administración.
