El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley sobre la resolución alternativa de litigios en materia de consumo que establece la gratuidad de estos procedimientos para los ciudadanos y estipula que no habrá límites del importe de reclamación.
Durante su intervdención en el pleno del Congreso, el diputado del Grupo Popular, Bienvenido de Arriba ha afirmado que “este Proyecto de Ley contribuye con todas las garantías que incorpora a un reforzamiento de la posición del consumidor” y ha asegurado que “nos encontramos ante una Ley que, sin duda, dará un nuevo impulso a la resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo, mejorará las relaciones entre consumidores y empresarios e impulsará el comercio electrónico y transfronterizo”.
“La búsqueda de una mayor protección para el consumidor y la mejora de su capacidad en la mejora de sus derechos, nos han permitido llegar a un relevante acuerdo que se traducirá en un respaldo del arco parlamentario a este Proyecto de Ley”, ha afirmado el diputado popular.
Así, ha remarcado que “este texto alcanzado es fruto del dialogo y establece los requisitos mínimos y armonizados de calidad que deben reunir las entidades encargadas de gestionar mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios, que voluntariamente soliciten la acreditación para ser notificadas e incluidas en un listado único consolidado de la Comisión Europea”.
“En él se regula el procedimiento para la acreditación de estas entidades y se establecen las obligaciones que deben asumir las mismas”, ha explicado, a la vez que ha aclarado que “la finalidad es garantizar a los residentes de la UE la posibilidad de resolver litigios con empresarios establecidos en cualquier Estado miembro”.
En este sentido, ha puntualizado que “con esta norma se facilitará a los consumidores que los posibles problemas derivados de los contratos con los empresarios puedan encontrar una solución sin tener que recurrir a la vía judicial”.
Por último, ha destacado que “se recoge el papel del Centro Europeo del Consumidor en la asistencia que presta a los consumidores en sus reclamaciones y la obligación de la aceptación de los empresarios a estos procedimientos en sectores especialmente conflictivos, como es el financiero o el de las aerolíneas, y en este último caso se ha dado un paso más estableciendo el carácter vinculante del resultado para las partes.
