Castilla y León será la primera autonomía en acoger a menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha elegido esta Comunidad para pilotar los primeros traslados de adolescentes desde las islas hasta la Península y aliviar así la saturación que sufren los centros de inmigrantes del archipiélago.
Así se ha concretado en un encuentro telemático celebrado entre representantes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias y del Ministerio, en la que se han sentado unas bases preliminares sobre el procedimiento que debe seguirse para garantizar el desplazamiento de los menores en las mejores condiciones.
Cabe recordar que la Junta fue uno de los primeros gobiernos autonómicos en mostrar su solidaridad y atender la petición de ayuda lanzada por el ejecutivo canario a finales del pasado año, ofreciéndose a albergar en el territorio autonómico a 25 adolescentes. En paralelo, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha venido insistiendo ante el Ministerio, en distintos foros multilaterales, en la necesidad de fijar unos criterios comunes para ordenar el proceso con garantías en el conjunto del territorio nacional.
Castilla y León atendió en el último año a 88 menores extranjeros no acompañados, a través de los recursos habilitados en cinco provincias (Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid). A 31 de diciembre, 29 de ellos seguían en el territorio autonómico.
Trámites de entrega y documentación
De esas pautas se ha hablado también en la última reunión celebrada entre las dos comunidades y el Gobierno central, donde se han debatido aspectos relativos al transporte de los menores, el trámite de entrega a la Junta de Castilla y León para su tutela, y la documentación que debe acompañar a cada migrante.
Para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, es imprescindible que los menores lleguen al destino con una PCR y con informes de edad, de valoración y de las intervenciones sociales realizadas con ellos, con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los agentes que intervienen en el proceso y, en particular, de los propios menores, tanto en el momento del traslado como en el futuro.
En todo caso, los criterios y requisitos para organizar estos traslados se concretarán en un protocolo de actuación entre los gobiernos de Castilla y León y Canarias, que se firmará previsiblemente a lo largo de este mes.
Entretanto, el departamento que dirige Isabel Blanco, en colaboración con otras entidades, está identificando los inmuebles que podrían acoger a estos menores. También ha reservado ya presupuesto para afrontar los gastos derivados de su atención, a la espera de que el Ministerio cuantifique la financiación que va a aportar a la Comunidad y determine cuándo hará efectivo el traspaso de estos fondos.
