La consejera de Educación, Rocío Lucas, mostró este miércoles, 2 de noviembre, su rechazo al nuevo modelo de acceso a la universidad, planteado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, e insistió en reclamar un trabajo conjunto entre Gobierno y comunidades autónomas para poner en marcha una EBAU única que “asegure la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes”.
Lucas expresó su disconformidad con la propuesta del Ministerio durante la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada de forma telemática, donde lamentó que no se tengan en cuenta las aportaciones de Castilla y León en los grupos de trabajo. Por ello, la consejera de Educación de la Junta anunció que si el Ministerio persiste en avanzar en la dirección propuesta, Castilla y León “se desligará del diseño del nuevo sistema de acceso a la universidad, que no se plantea la prueba única”.
Y es que el hecho de no plantear la conversión de la prueba de acceso en una EBAU única para todo el territorio supone “no corregir un error que provoca que el sistema siga siendo injusto”, puesto que permite la realización de “17 pruebas distintas para un distrito universitario único” con diseños de examen con distinta estructura, bloques de contenidos y disparidad en los criterios de corrección según la comunidad autónoma.
Por ello, durante el encuentro Lucas reprochó que no se estén escuchando las propuestas de Castilla y León, encaminadas a trabajar en una prueba única, y anunció que “de seguir el Gobierno con esta actitud, Castilla y León se desvinculará del diseño de un sistema de acceso a la universidad injusto”.
Respecto a la evaluación del alumnado propuesta por el Ministerio, Rocío Lucas insistió en la falta de objetividad de dicha prueba y las consecuencias que eso tendrá para la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Finalmente, la Junta de Castilla y León considera que el nuevo modelo limita las competencias de las universidades en la prueba de acceso.
Integración de los profesores de FP
En el encuentro se ha debatido, además, sobre la implantación de la normativa que obliga a integrar a los profesores técnicos de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.
Sobre este aspecto, Rocío Lucas insistió en la necesidad de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional realice la aportación financiera necesaria para acometer dicho cambio, puesto que se trata de una normativa “impuesta por ellos” y que supone “un alto coste” para las comunidades autónomas.
La ley establece, además, que los efectos de la medida -el incremento en las nóminas- deberá aplicarse desde enero de 2021, por lo que la solución que ofrece el Ministerio, que es retrasar su implantación, “no es viable: cuanto más tarde, más gasto habrá que asumir”, concluyó la consejera de Educación de la Junta.
