El Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio ha sido una jornada reivindicativa. Inicialmente, los abogados se han concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno "por un turno digno" y, después, en rueda de prensa, han dado ha conocer su situación actual y exigencias. A la misma han acudido Javier Róman Capilla, decano del Colegio de Abogados de Salamanca, y Moisés Cabrera Ramos, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio.
Javier Román ha sido el primero en tomar la palabra para defender la labor de su gremio: "Sin nosotros la justicia no funcionaría. A los políticos se les llena la boca hablando de los desamparados y se olvidan de subvencionar a uno de los garantes de los derechos de los más débiles. La abogacía cumple, el Ministerio de Justicia, no".
Precisamente, ha criticado a dicho ministerio, que, pese a que el pasado 8 de febrero autorizó más de 46 millones para sufragar los gastos de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, "desde el mes de marzo se han incrementado los atrasos de pagos". En Salamanca, la cantidad impagada ascendería a más de 300.000 euros.
Datos estadísticos y reivindicaciones
Moisés Cabrera ha dado a conocer el informe estadístico de la justicia gratuita y turno de oficio en Salamanca: existen 354 abogados en el turno de oficio de la ciudad, una cifra inferior a la que había hace tan solo unos años, en 2017. Las personas atendidas, en cambio, han incrementado este 2022 hasta alcanzar la cuantía de 1.569.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que en municipios como Vitigudino solo ha habido un letrado para más de 300 asuntos de turno, se piden más refuerzos. "Se pagan 80 euros por la asistencia y con el traslado, etc, no le merece la pena, por lo que hay peligro de abandono", ha señalado Moisés Cabrera.
El diputado de la Junta de Gobierno del Colegio ha pasado entonces a enumerar las reivindicaciones que exigen, aparte de subrayar esa falta de letrados en los partidos: la revisión de los asuntos que se pagan por el Ministerio de Justicia, ya que casi un 30% de las actuaciones que se realizan en la defensa quedan sin cobrar; que se cobren todas las actuaciones de los letrados por designación judicial; el cumplimiento de los plazos de pago mentual; una actualización anual del baremo al IPC y un incremento de la dotación de letrados de guardia en Salamanca.
