El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha lamentado que la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular junto con Ciudadanos, no incluya a los abogados en los préstamos del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y que, al mismo tiempo, el PP presente una moción en el Senado para exigir al PSOE que extienda las ayudas nacionales para autónomos a abogados y procuradores.
El presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, remitió el pasado 3 de abril una carta al consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, pidiéndole que no dejara fuera a los profesionales mutualistas, pero todavía no ha obtenido respuesta.
“No tiene sentido desoír nuestras peticiones y que el mismo partido político actúe de manera contraría en el Senado”, asevera Sanz Orejudo, quien representa a un colectivo formado por más de 5.000 abogados que han visto parada su actividad a causa de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, como la mayoría de los autónomos del país, por lo que exigen a la junta una reacción inmediata.
Abogacía desamparada
Desde el CACYL muestran su rechazo a que el Gobierno del Partido Popular de Castilla y León actúe dejando en “desamparo” a los abogados de la Comunidad que presiden. “Los gobiernos populares de Andalucía y de Madrid han atendido la solicitud de la abogacía y han incluido a los mutualistas, pero en Castilla y León nos han discriminado”, se lamenta Sanz Orejudo, quien añade:
“Pero lo que ya clama al cielo es que el portavoz del PP en el Senado, y senador por designación de las Cortes de Castilla y León, Javier Maroto Aranzábal, firme una moción para que se apruebe la extensión de las ayudas del actual Gobierno socialista a los mutualistas. No tiene sentido”, apostilla.
En concreto, la Abogacía de Castilla y León solicita al Gobierno de la Comunidad que no deje fuera de esta medida a los letrados que también necesitan de una inyección de liquidez para sostener sus actividades tan dañadas y paralizadas por la crisis sanitaria. Los préstamos que ofrece el ICE, de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses, con una carencia de hasta 12 meses y una amortización de 3 años, pueden suponer una balsa importante para los letrados de la Comunidad.
“En su mayoría, los abogados ejercemos con cobertura de derechos pasivos con la Mutualidad de la Abogacía, al igual que otros profesionales como la procura, graduados sociales, médicos o arquitectos, que se encuentran incluidos en Régimen de Mutualistas y que, por tanto, quedarían también fuera de estas previsiones y ayudas”, explica el presidente del CACYL.
El Instituto para la Competitividad de Castilla y León de la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León permitirá bonificar los costes de las operaciones solicitadas por pymes de hasta cinco trabajadores y autónomos, y movilizará un valor global de 20 millones de euros, pero no contempla la figura de los abogados mutualistas.
Abogacía paralizada
Las necesidades de financiación y de subvención públicas para la prestación de servicios por parte de los profesionales de la abogacía es una realidad en los duros momentos actuales. Las ayudas solicitadas permitirán paliar el efecto de las necesidades sobrevenidas de los abogados ejercientes cubiertos por mutualidades, de modo equitativo a las medidas específicas para los trabajadores del RETA. Un traro acorde a la situación excepcional provocada por el agente patógeno, ajena al curso normal de la economía y que obedece al interés general.
