La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha anunciado una jornada de huelga en la Administración General del Estado, sector educativo y Correos si el Gobierno y las aseguradoras no llegan a un acuerdo que garantice la continuidad y viabilidad de Muface antes del 27 de enero, fecha en la que concluye el plazo para la presentación de ofertas al concierto mutualista.
La huelga afectaría a todos los empleados públicos dependientes de Muface, incluyendo centros educativos públicos, dependencias de la Administración General del Estado (ministerios, organismos oficiales, delegaciones de Gobierno, etc.) y Correos. En los próximos días, CSIF iniciará una campaña informativa en los centros de trabajo para concienciar a los empleados sobre la situación.
Según CSIF, tras la manifestación del 14 de diciembre, en la que más de 50.000 funcionarios se concentraron frente a la sede de Muface, es necesario tomar medidas más contundentes ante la gravedad de la situación. El sindicato exige al Gobierno que garantice la continuidad del modelo actual y una asistencia sanitaria de calidad para los mutualistas, instando al Presidente del Gobierno a priorizar este asunto.
CSIF ha intensificado las conversaciones con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para buscar una solución, pidiendo responsabilidad a todas las partes. Además, critica a otras organizaciones sindicales por su doble discurso, ya que, según el sindicato, mientras reclaman una solución para Muface también promueven que los mutualistas abandonen el concierto sanitario.
El sindicato ha denunciado igualmente que está recibiendo cientos de quejas de mutualistas por la deficiente atención que están recibiendo de las aseguradoras, que ponen trabas administrativas y deniegan citas, pruebas e incluso intervenciones. CSIF está asesorando a los mutualistas para que presenten reclamaciones tanto a Muface como a las aseguradoras, y ofrece acompañamiento legal a sus afiliados en caso de que se emprendan acciones legales. Además, el sindicato ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y la Comisión Europea.
