La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las quejas de centenares de mutualistas de Muface que han visto cómo sus peticiones de asistencia sanitaria han sido rechazadas en los últimos meses por parte de las compañías aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa.
CSIF solicita que se determinen las posibles responsabilidades penales tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados. El sindicato recuerda que ha recibido diariamente desde octubre centenares de quejas de mutualistas a quienes les han sido denegadas la realización de pruebas médicas, así como la anulación de citas e intervenciones quirúrgicas, lo que está provocando problemas de salud mental y física tanto en los mutualistas como en sus familias.
En su denuncia, CSIF subraya que "en ningún caso una cuestión puramente económica -la no renovación del actual concierto- puede justificar la desatención en materia del derecho fundamental a la protección a la salud", por lo que insta a la Fiscalía a investigar para determinar las posibles responsabilidades penales de las aseguradoras.
El sindicato denuncia que "la injustificada negativa de las aseguradoras constituye un problema de salud pública por sí mismo" y por el número de personas afectadas (aproximadamente 1,5 millones entre mutualistas y beneficiarios).
Negociaciones en curso
Gracias a las presiones de CSIF y a la interlocución con Gobierno y aseguradoras privadas, el Ministerio ha presentado una nueva oferta económica, que están estudiando las compañías. Desde CSIF valoran esta nueva situación y esperan que se alcance pronto un acuerdo que garantice la asistencia sanitaria adecuada para los mutualistas.
CSIF ha intensificado en las últimas semanas la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, reclamando a unos y a otros responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria de 1,5 millones de personas. Por otro lado, critica la actitud de otras organizaciones sindicales por el doble juego que realizan; por un lado, reclamando una solución para Muface y al mismo tiempo realizando campaña para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario.
El sindicatp mantiene su compromiso de seguir trabajando y presionando en favor de los mutualistas para que reciban la asistencia sanitaria que les corresponde. El sindicato seguirá recibiendo y trasladando las quejas de los mutualistas a las autoridades competentes hasta que se alcance una solución definitiva que garantice sus derechos.
