La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con creciente presencia en el sector privado, ha instado este miércoles al Gobierno a impulsar un Pacto de Estado contra la Corrupción. El objetivo es combatir de manera efectiva las prácticas corruptas que afectan a la política y al funcionamiento de lo público.
Como primera medida, CSIF propone la despolitización de la función pública, buscando una administración basada en el mérito y la profesionalidad. Esto implica reforzar la figura del empleado público independiente y profesional, priorizando su capacidad sobre las afiliaciones a partidos.
Entre las propuestas concretas de CSIF para lograr este objetivo se incluye la reducción de la libre designación en altos cargos, planteando que los puestos de dirección hasta el nivel de director general se nombren mediante concursos públicos basados en méritos y capacidad, lo que evitaría el clientelismo político. También proponen profesionalizar la función pública, creando un cuerpo directivo profesional compuesto por funcionarios con carrera administrativa consolidada y limitando al máximo el uso de asesores políticos o personal eventual en roles técnicos o de gestión. Exigen impulsar un protocolo anticorrupción controlado por empleados públicos, no por partidos, para prevenir la corrupción institucional, y un pacto de Estado para blindar la independencia de los funcionarios. Piden una transparencia administrativa real, con mayor acceso a bolsas de empleo, concursos de traslados, relaciones de puestos de trabajo, gratificaciones y cualquier proceso de selección o nombramiento para evitar la opacidad. Finalmente, CSIF busca reducir drásticamente el número de asesores y cargos eventuales, sustituyéndolos por funcionarios especializados, y que al menos el 50% de las plazas en ofertas de empleo público se reserven para promoción interna, con concursos de traslado regulares para la progresión de los funcionarios sin favoritismos.
Además de la despolitización de la función pública, CSIF reclama el refuerzo de las herramientas de lucha contra la corrupción. Esto incluye mejorar las plantillas y recursos en la administración de Justicia, demandando más personal para todos los cuerpos de funcionarios, así como para las carreras judicial y fiscal, con el fin de agilizar procedimientos, junto con mejoras logísticas y tecnológicas. También solicitan aumentar las penas por malversación de fondos públicos. Consideran fundamental potenciar la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y las ganancias patrimoniales no justificadas, destacando el rol del Servicio de Vigilancia Aduanera. Por último, CSIF reitera su propuesta de crear una Policía Fiscal con un plan de inspección específico para investigar las ganancias patrimoniales no justificadas, una iniciativa que el sindicato ha planteado durante los últimos cinco años.
