La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) urge a la Junta de Castilla y León “que revise y se asegure la retirada inmediata de todas las mascarillas defectuosas del tipo FFP2, que se han repartido en diversos servicios y provincias de la Comunidad; exige el test de diagnóstico por PCR para los trabajadores que las hayan utilizado; y reclama explicaciones, especialmente al gerente regional de Servicios Sociales, de cómo han llegado esas mascarillas y quiénes son los responsables.
CSIF reclama a la administración autonómica que informe “suficientemente y con transparencia”, a los comités de Seguridad y Salud Laboral sobre todas las circunstancias de la distribución de equipos de protección individual (EPIs), de los trabajadores de la Junta contagiados y afectados, o de la situación en la que se están atendiendo y ofreciendo los diferentes servicios públicos a los usuarios. “Una información que no se está dando. Al contrario, todo son pegas y obstáculos”, recalca CSIF.
CSIF teme, “según sospechan diversos afiliados, que se haya podido retirar el envoltorio a una parte de las mascarillas defectuosas, que se hayan entregado en mano al trabajador, y que -por tanto- no haya podido comprobar que carecían del marcado europeo de garantía CE”. Lamenta que “no hay derecho a que después de semanas con falta de material de protección, ahora se repartan mascarillas que no cumplen la normativa de fiabilidad, y que haya habido trabajadores expuestos al contagio del Covid-19 que pensaban que estaban seguros, cuando la realidad es que han podido contagiarse con el uso de esas mascarillas”.
CSIF tiene constancia de que mascarillas FFP2 no aptas para la protección ante un posible contagio por Covid-19 se han repartido -al menos- a agentes medioambientales de León y Palencia, que parece que no han llegado a utilizar. Asimismo, han llegado a centros administrativos de delegaciones territoriales de la Junta, o a centros asistenciales de las gerencias de Servicios Sociales de Ávila o Soria, donde sí se han utilizado en algún caso, según CSIF.
Como se sabe ya, la partida de mascarillas FFP2 no aptas repartidas corresponden al modelo N95 ‘Garry Galaxy’, en envase verde, que “no cumplen con ninguna clasificación indicada en la norma UNE-EN-149:2001+A1:2010”, según ha detallado un informe emitido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es quien las ha repartido a las comunidades, y quien ha ordenado su retirada. Esas mascarillas no reúnen las condiciones de protección suficientes para impedir que quien la lleva puesta se pueda contagiar de coronavirus, aunque sí evita que pueda propagar el virus a otras personas. Además de en Castilla y León, CSIF ha confirmado que se han repartido en Madrid, Cataluña, Andalucía, La Rioja o Castilla-La Mancha.
CSIF critica la falta de previsión, así como la improvisación del Ministerio de Sanidad y de las administraciones autonómicas, que vuelven a retirar material de protección por no cumplir con los estándares de calidad. Además, considera que este nuevo error supone un doble perjuicio: el que sufrirán de nuevo las arcas públicas por la compra de un material inservible y, sobre todo, el que sufren los trabajadores que han estado usando unas mascarillas que no realizaban su función de protección ante Covid-19.
Los profesionales que se están jugando su salud y las de sus familias, en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, “lo mínimo que esperan es que el material de protección que les den reúna los requisitos y la seguridad suficiente”, dice CSIF. “Por eso es exigible una clara responsabilidad técnica y política a quienes han tomado las decisiones”, concluye.
