El 40 por ciento de los consumidores financieros de Castilla y León percibe que la situación económica ha mejorado, siete décimas menos que la tasa registrada en el conjunto del país, donde la evolución representa un importante repunte frente al 8,4 por ciento registrado el año pasado (un 32,3 por ciento más), motivado principalmente por el alza de los ingresos. Así lo recoge el II Estudio de situación financiera de las familias promovido por la Asociación Usuarios Financieros (Asufin), en el cual aumenta del 2,1 por ciento al 5,1 por ciento de los encuestados que han visto incrementado su renta y disminuye del 49,1 por ciento al 31,6 por ciento los que experimentan recorte de ingresos.
En Castilla y León el 29,7 por ciento de los encuestados considera que la situación es peor o mucho peor que hace un año, mientras que para el 30,3 todo sigue igual.
De acuerdo con un comunicado de Asufin recogido por Ical, en el capítulo de gastos, cuatro de cada diez ciudadanos señalan que tiene que afrontar mayores salidas de dinero que hace seis meses, lo que representa una subida del 18 por ciento con respecto al 24,2 por ciento, de hace un año. De esa forma, los españoles han mejorado sus ingresos, pero tienen que destinar más al gasto y, en consecuencia, sufre su capacidad de ahorro.
Así, en el último año la capacidad de ahorro se ha visto bastante erosionada: el porcentaje de ciudadanos que declara ahorrar más pasa del 18,1 por ciento, hace un año, al 6 por ciento, en estos momentos, lo que supone una caída del 66 por ciento. Esto demuestra que buena parte del ahorro durante el confinamiento por la COVID-19 había sido “forzoso” y una mayor normalidad impulsa a gastarlo, además de la existencia del contexto de aumento de precios en el que estamos inmersos en estos últimos meses.
La tasa global de encuestados con capacidad de ahorro también se ve afectada, pasando del 36,3 por ciento de encuestados que declaraban en 2020 ahorrar más o lo mismo que hace seis meses, al 20 por ciento, en estos momentos.
Con respecto a esta mayor capacidad de ahorro, los colectivos desempleados señalan unos porcentajes mínimos (del 0,4 por ciento, los que no perciben prestación y del 1,6 por ciento, el resto); los estudiantes y autónomos rondan el 3 por ciento, y en el lado contrario se sitúan los trabajadores por cuenta ajena, con un 7,5 por ciento y los trabajadores en ERTE con un 6,8 por ciento. Además, el colectivo de pensionistas tiene una capacidad de mayor ahorro muy discreta: del 5 por ciento, o lo que es lo mismo, sólo 2 de cada 10 de este grupo que ve limitada su capacidad de generar nuevos ingresos, mejora su posibilidad de ahorrar después de un año de dificultades.
En este contexto, un 52,9 por ciento de los encuestados ha tenido que pedir ayuda financiera, principalmente a familias y amigos (25,1 por ciento) o recurriendo a tarjetas de crédito (13,2 por ciento) y préstamos (8,4 por ciento).
Como conclusión del estudio, a cierre de 2021 confluye una circunstancia positiva, la de la recuperación de la actividad económica, y otra negativa, la subida de precios. Ambas influyen en la economía familiar, vía ingresos, o gastos, y ambas condicionan tanto la capacidad de ahorro como la solicitud de financiación.
Por ejemplo, los nubarrones de la inflación llevan a que cuando se piensa en el futuro, un 28,9 por ciento afirme que su nivel de vida empeorará y un 48 por ciento considera la situación como inestable. Y este empeoramiento de las perspectivas llega en un momento en el que el ahorro ha descendido, con solo un 6 por ciento que declara que ahorra más y un 14 por ciento que lo mantiene; el restante 80 por ciento o no puede ahorrar o está destinando esa capacidad de ahorro en mantener su nivel de vida en un momento de incremento de gasto.
