Castilla y León cerró el segundo trimestre de 2026 con unas cifras judiciales sensiblemente inferiores a la media nacional en materia de vivienda. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la región registró una tasa de 1,7 lanzamientos hipotecarios y 4,0 desahucios por impago de alquiler por cada 100.000 habitantes, situándose muy lejos de los picos alcanzados en comunidades como Murcia (4,7 en hipotecas) o Baleares (8,3 en alquileres). En todo el país, los desahucios cayeron un 35,7 % (hasta los 4.474), impulsados principalmente por el fuerte descenso del 57,7 % en los casos vinculados al alquiler.
En cuanto a la presentación de nuevas ejecuciones hipotecarias, la comunidad anotó 9,7 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 27,9 de Cataluña, que lidera el mapa autonómico. A nivel estatal, este tipo de procedimientos cayó un 28,6 % con respecto al año anterior. La ocupación ilegal de viviendas también dejó un impacto residual en la región, con apenas 0,9 juicios verbales posesorios por cada 100.000 vecinos, en un contexto nacional donde estos procesos bajaron un 9 %.
Por el contrario, el ámbito mercantil y laboral sí mostró un mayor movimiento. Castilla y León contabilizó 27,9 concursos de acreedores por cada 100.000 habitantes, la mitad que Cataluña (57,0), además de 71,4 demandas por despido y 74,5 reclamaciones de cantidad. En el conjunto de España, las quiebras comerciales y los despidos siguieron una tendencia ascendente, subiendo un 5,1 % y un 11,2 % respectivamente, mientras que las reclamaciones de deudas (procedimientos monitorios) cayeron un 20,7 % en todo el país.
