La deuda per cápita en Castilla y León alcanzó los 5.615 euros en el año 2022, 1.064 euros menos que la media nacional según revela el informe divulgado hoy por el Consejo de Cuentas, que ubica el volumen de deuda de la Comunidad, en términos de contabilidad nacional, en 13.322 millones de euros, tras un incremento interanual del 0,81 por ciento.
El informe, entregado en el Parlamento autonómico y que será presentado por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, pone de manifiesto que la participación de Castilla y León en la deuda total de las comunidades autónomas se mantiene desde el año 2013 en el entorno del cuatro por ciento y que la carga financiera de la deuda sobre los ingresos corrientes fue en 2022 del 14,65 por ciento, once puntos por debajo de la media autonómica (25,32 por ciento).
La relación entre la deuda y los ingresos corrientes en Castilla y León estaba además, según señala el Consejo de Cuentas en un comunicado remitido a Ical, en un 154 por ciento, 29 puntos por debajo de la media de las comunidades, y situaba solo a siete de estas con una ratio superior a la de Castilla y León, mientras que doce estaban por debajo de la media.
Otro de los datos señalados en este trabajo es que Castilla y León es la tercera comunidad que más acude a los préstamos de instituciones financieras residentes en el periodo 2013-2022, con 5.537 millones en 2022, en una tendencia contraria al acceso a los Fondos de Financiación Autonómica en comparación con el resto de las comunidades. Su importe asciende a 2.157 millones, habiéndose reducido en los últimos años.
Este informe específico sobre endeudamiento es complementario al de la Cuenta General de la Comunidad. En él se evaluó el endeudamiento del sector público autonómico y, teniendo en cuenta la normativa sobre estabilidad presupuestaria, se analizaron, sin valorar debido a la suspensión de las reglas fiscales en 2022, los objetivos de déficit, objetivo de deuda y regla de gasto.
Así, en el pasivo del balance consolidado figura un endeudamiento de la Administración autonómica de 13.944 millones de euros, compuesto por deudas con entidades de crédito por 9.513 millones, valores de deuda pública por 3.613 millones, y otras deudas por 817 millones. Si se añade la deuda comercial -alcanzaba los 2.416 millones- y los pasivos por impuestos diferidos (44), el importe total de deuda según balance ascendía a 16.405.
La deuda mediante empréstitos disminuyó en 417 millones ya que no se emitieron en 2022 nuevas obligaciones. Sin embargo, los préstamos con entidades de créditos continuaron creciendo (531 millones) y disminuyeron otras deudas a largo y corto plazo (68).
Déficit acumulado, en el 1,1 por ciento del PIB
El déficit acumulado anual de las Comunidades en 2022 fue del 1,12 por ciento del PIB y el de Castilla y León en dicho periodo fue del 1,1 por ciento del PIB de la Comunidad, de acuerdo con la Central de Información del Ministerio de Hacienda y Función Pública, lo que equivale a 729 millones.
La deuda sobre PIB en Castilla y León fue del 20,7 por ciento y en el total de las comunidades ascendió al 23,6 por ciento, por lo que la comunidad castellana y leonesa se encuentra casi tres puntos por debajo. El pasivo de la Comunidad en 2022 se componía de 3.570 millones en valores representativos de deuda y 9.751 en préstamos y el coste de la deuda a nivel presupuestario se situó en el 1,16 por ciento en 2022.
No obstante, y como subraya el informe, en los próximos cinco ejercicios la Administración autonómica tendrá que hacer frente a la amortización de más de la mitad del importe de sus prestamos (53,85 por ciento) y en 10 años tendrá que asumir el vencimiento del 87,09 por ciento del saldo de deuda viva.
La deuda, en el 21,2 por ciento del PIB
La deuda de Castilla y León en 2022, incluyendo excepciones, fue del 21,2 por ciento del PIB, casi seis puntos más que en 2013 y similar al último objetivo fijado para la Comunidad en 2019, mientras que la deuda de todas las comunidades se situó en el 23,5 por ciento, más de dos puntos por encima de Castilla y León.
Como resultado de esta fiscalización, el Consejo realizó dos recomendaciones. Por un lado, que sería aconsejable que la Comunidad vigilara el comportamiento tanto del indicador de endeudamiento general, como de los índices de autonomía financiera y de estabilidad a fin de cambiar su evolución con el objetivo de garantizar una mayor generación de recursos propios que sea suficiente para atender las necesidades económicas.
Por otro lado, remarcó que sería recomendable que la Consejería de Economía y Hacienda inste la actualización del artículo 191 de la Ley de Hacienda y del Sector Público -que define la deuda de la Comunidad- para incluir, al menos, la deuda de todas las entidades que forman parte del perímetro de consolidación.
Cuenta General de la Comunidad
Otro de los últimos informes entregados a las Cortes en 2024 fue el de la Cuenta General de la Comunidad del ejercicio 2022, cuya liquidación reflejó obligaciones reconocidas netas por 12.578 millones, con un resultado presupuestario consolidado negativo de 673 millones como consecuencia de la prórroga de las Cuentas de 2021.
El trabajo, publicado también en la web del Consejo, puso de manifiesto que 6 de cada 10 euros del gasto presupuestario de la Administración autonómica (7.080.519.288 euros) tuvieron como destino la sanidad, la educación y la cultura, con un incremento interanual de 233 millones, y siendo el principal destino del gasto la Atención Primaria y Especializada (un 61%), destacando la formación de residentes.
Por grupos de programas, cinco de estos supusieron el 81,01 por ciento del gasto (10.190 millones de euros): el de deuda pública (1.226 millones); servicios sociales (985); asistencia sanitaria (4.463); enseñanza (2.316) y mejoras en estructuras agrarias y sistemas productores (1.200). En conjunto, registraron un incremento del 2,39 por ciento con respecto a 2021.
