La economía social vuelve a demostrar su eficacia y rentabilidad en Salamanca. Según un informe presentado este lunes por la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, junto a la presidenta de la Asociación de Empresas de Economía Social sin Ánimo de Lucro (Adesocial), Pilar Rodríguez, y el secretario técnico Arturo Santos, las administraciones públicas recuperan 1,74 euros por cada euro invertido en empresas de inserción.
El estudio, elaborado por la Federación de Empresas de Inserción de Castilla y León (Feclei), refleja que el retorno social en Salamanca durante el año 2023 ascendió a 1.683.672 euros, gracias a los ingresos por Seguridad Social, IRPF, IVA y otros tributos, así como al ahorro en costes sociales que antes asumían las administraciones públicas en forma de ayudas o subsidios.
Desde 2016, cuando el Ayuntamiento de Salamanca aprobó su primer acuerdo municipal de reserva de contratación a empresas de economía social, el número de trabajadores de inserción se ha duplicado, alcanzando casi 140 personas empleadas en la actualidad a través de estas entidades. Se trata de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión o con especiales dificultades para acceder al mercado laboral.
"No hay mejor integración social que la integración laboral", subrayó la concejala Miryam Rodríguez, quien destacó también el papel clave de estas políticas para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Además, el presupuesto destinado a este tipo de contratación se ha triplicado, pasando de 1,4 millones en 2016 a 4,7 millones de euros en la actualidad, lo que ha permitido ampliar tanto los servicios municipales prestados como el número de entidades colaboradoras.
Servicios esenciales prestados por empresas de inserción
Las empresas de inserción y centros especiales de empleo no solo generan puestos de trabajo, sino que también prestan servicios fundamentales para la ciudad. Entre ellos se incluyen: comida a domicilio para personas mayores o dependientes, limpieza y desinfección de edificios municipales, gestión de cafeterías en espacios públicos, mantenimiento de parques, zonas verdes y áreas de juegos infantiles, control de plagas, gestión de huertos urbanos y recogida de ropa, textil y calzado.
Además, recientemente, el Ayuntamiento adjudicó a Asprodes la gestión integral de los Huertos Urbanos, el Parque Botánico de Huerta Otea y el espacio multifuncional de la Lonja, consolidando así el compromiso con el desarrollo sostenible y la inclusión social.
Salamanca, referente regional y nacional en economía social
Durante la Mesa de Seguimiento de Empresas de Economía Social celebrada este lunes en el Salón de Plenos, se puso de relieve que Salamanca se ha convertido en un referente regional y nacional en la promoción del empleo inclusivo y la economía social. Así lo demuestran no solo los datos del retorno económico, sino también el reconocimiento institucional que ha recibido el Consistorio, como el premio otorgado en la XIII edición de los Premios al Cooperativismo y Economía Social de Castilla y León.
Asimismo, Salamanca será sede los días 10, 11 y 12 de noviembre del II Congreso Internacional de Economía Social, que promueven la Junta de Castilla y León y la Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de Castilla y León (Asecyl). Bajo el lema 'Somos inteligencia no artificial. Somos economía social'.
Del mismo modo, en la presentación, Pilar Rodríguez destacó que el estudio no solo cuantifica el retorno económico, sino también el impacto social: "Estas empresas no solo generan empleo; transforman vidas y ahorran recursos públicos". Por su parte, Arturo Santos explicó que el cálculo se basó en indicadores conservadores, tomando como referencia la renta mínima vital más baja para evitar inflar los datos, lo que refuerza aún más la fiabilidad del estudio.
Según los resultados, el retorno se divide en 0,869 euros recuperados vía impuestos y cotizaciones y 0,87 euros ahorrados en protección social, por cada euro invertido. Es decir, 1,74 euros de rentabilidad social neta por cada euro público destinado a este modelo de contratación.
