La Coordinadora Estatal de Empleadas y Empleados Públicos en Fraude de Ley y Abuso de Temporalidad, formada por organizaciones civiles y sindicales del sector público se concentrarán este sábado en Valladolid para denunciar que sus derechos laborales “son pisoteados impunemente por la propia Administración, la cual está obligada per se a ser garante de los mismos”.
Denuncian los “falsos procesos de estabilización” que decidió y puso en marcha el Gobierno del PP y que asume el actual Gobierno del PSOE y los de todas las comunidades autónomas al amparo de las leyes de presupuestos y con la firma de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
La Coordinadora explica que son unos procesos de selección de los que saldrán todas las plazas de la función pública que la propia Administración “no ha ofertado en décadas y que ahora Gobierno y CCAA se ven obligados a convocar a instancias de la UE, so pena de una multa millonaria por incumplimiento ininterrumpido, desde hace más de 20 años, de la normativa comunitaria: La UE insta a todos sus miembros a evitar el abuso de la temporalidad, es decir, del trabajo de duración determinada, en las administraciones públicas por la precariedad que supone para sus trabajadores (Directiva 99/70/CE). La Administración Pública tiene obligación de cumplir la ley, regularizando la temporalidad ilegal, que sufren más de 700.000 de sus empleados.”
Tal y como explica la coordinadora en un comunicado, la actual situación de los empleados públicos en la Administración Española es la siguiente:
“Los Sindicatos CC.OO, UGT y CSIF han vendido a los trabajadores temporales de las administraciones públicas españolas al pactar con el Gobierno, firmando el "acuerdazo" con el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el 9 marzo del 2017. Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo que trata de reducir hasta el 8% la temporalidad en la Administración mediante ofertas de empleo público (OPEs) “masivas”, donde se convocan todas las plazas que no se ofertaron en décadas y que, por lo tanto, ya están ocupadas desde hace años por empleados públicos temporales en fraude de ley.
Para las Administraciones públicas españolas estas convocatorias de OPEs y procesos selectivos de acceso libre son una forma de “ocultar y blanquear” los abusos y fraudes cometidos en la contratación temporal sucesiva de sus funcionarios interinos, personal estatutario temporal y trabajadores temporales de larga duración. Solo de larga duración ya son en torno a 500.000 empleados.
Estos procesos, mal llamados procesos de estabilización, porque no estabilizan a las personas sino las plazas, facilitarán el cese y el despido ilegal y nos abocarán a un desastre sociolaboral de enormes dimensiones en nuestro país.
De 700.000 a 900.000 empleados públicos y sus familias, con una edad media de 50 años, en su mayoría mujeres, que engrosaremos las listas del paro después de décadas trabajando en fraude de ley y temporalidad abusiva.
Nosotros, exigimos por derecho, en aplicación de la Directiva Europea, a las autoridades nacionales, la FIJEZA en el empleo como sanción al abuso de la temporalidad. Los empleados públicos temporales que cubren necesidades estructurales deben tener un vínculo permanente con la Administración, porque no cubren necesidades urgentes, extraordinarias, ni temporales.
El sector público de este país tiene funcionarios temporales con mucha experiencia que aportan la calidad que requieren los servicios públicos. Todos los empleados públicos hemos accedido a la función pública por actos selectivos propuestos por la Administración respetando el artículo 23 de la Constitución Española.
Estos abusos de las Administraciones Públicas en la contratación temporal se deben al incumplimiento del art. 70.1 del EBEP durante años, que establece que "la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años".
Además del incumplimiento de los plazos, las Administraciones no han sacado a oposición el 100% de la tasa de reposición, ofertando durante décadas 10% o 20% plazas vacantes de las existentes e incrementando así la oferta de plazas temporales que ha dado lugar a la elevadísima tasa actual de contratación temporal de larga duración.
Esta perpetuación de la figura del trabajador temporal en la Administración Pública incumple las “razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia” a las que deben responder los contratos temporales y da lugar a la cobertura de plazas estructurales por personal temporal, del que la Administración puede prescindir fácilmente en cese ilegal.
Los funcionarios interinos, personal estatutario temporal, laborales indefinidos y trabajadores temporales de larga duración, hemos accedido a nuestras plazas mediante procedimientos que respetan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y desempeñamos las mismas funciones que los funcionarios de carrera (art. 10.2 y 10.1. del EBEP, respectivamente). Sin embargo, recibimos un trato discriminatorio con respecto a ellos incumpliendo la Directiva europea 199/70/CE.
El actual Gobierno incluye en su “Plan Director por el Trabajo Digno”, medidas específicas en materia de lucha contra la contratación temporal fraudulenta en el sector público y su mecanismo de vigilancia, que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; pero que no tiene competencia en los casos de fraude en temporal estatutario o interino o eventual, ya que solo tiene competencias en materia de personal laboral, así que nuestro fraude queda en el limbo.”
Por todo ello, desde la Coordinadora estatal de empleadas y empleados públicos en fraude de ley y abuso de temporalidad, hacen un llamamiento para acudir a la movilización estatal descentralizada de este sábado 6 de abril a las 12h en la Plaza de Fuente Dorada de Valladolid en Castilla y León.
Exigencias
1. Paralización inmediata de los falsos procesos de estabilización, sin perjuicio de la continuidad de la oferta de plazas ordinarias para cubrir bajas de efectivos.
2. Suspensión y anulación de todo cese y despido ilegal.
3. La fijeza en el puesto de trabajo por derecho y como sanción al abuso de la temporalidad y fraude de ley ejecutado por la administración.
4. Igualdad de trato y condiciones de trabajo entre personal temporal y fijo de la Administración, tal y como indica la cláusula 4 de la Directiva 99/70/CE.
5. Reversión de la Privatización de los Servicios Públicos.
6. Recuperación de vacantes y plazas amortizadas sacando a oferta de empleo público las plazas necesarias para acabar con las plantillas deficitarias.
