La Salamanca de finales del siglo XIX comenzaba a modernizarse. Cientos de personas llegaban cada día a la capital desde el Arrabal y los pueblos de la provincia lo que empezaba a ser un problema, ya que el principal punto de acceso a la capital era el Puente Romano. La estrechez y la falta de acerado era un motivo de preocupación diario porque provocaba constantes accidentes y ante esto, se ideó un proyecto: ensanchar el Puente Romano ganando tres metros de anchura para facilitar la movilidad. Un proyecto polémico que desde el minuto uno tuvo defensores y detractores que mantuvieron en ascuas a la población y a los medios de comunicación.
Daniel Crespo Delgado, en un artículo publicado en ‘Norba, revista de arte’, editada por la Universidad de Extremadura, recoge toda la historia del fracaso del ensanche del Puente Romano, que califica como “un éxito en la conservación del patrimonio de las obras públicas”. Refleja la necesidad de mejorar la comunicación de la capital con los arrabales. Ya se había derribado el castillete central y las almenas con la intención de aliviar el tráfico y de ahí que se planteara, ante la petición de la sociedad empresarial y comercial, la denominada Liga de Contribuyentes, una solución. Fue la Liga quien, según Crespo, solicitó formalmente la ampliación del Puente Romano a cargo del Estado. Y ahí empezó la división de opiniones. El ingeniero Alfredo Mateos presentó un informe a petición de la Dirección General de Obras Públicas confirmando la pertinencia de la queja de la Liga según narra Crespo decantándose por un sistema de ensanche a ambos lados que permitiría un aumento de tres metros a un coste reducido y una alternativa, construir un puente nuevo aguas arriba, en la prolongación de la calle San Pablo.
En la documentación remitida al Ministerio se planteaba un ensanche mediante andenes voladizos de hierro, así como un puente nuevo cuyo coste doblaría la ampliación del romano, prevista en unas 350.000 pesetas. El Ministerio aprobó el ensanche del romano e implicó al Ayuntamiento en su financiación. Además, en el consistorio salmantino ya se había aprobado apoyar el ensanche. Fue un concejal recién elegido en 1891, Enrique Estevan Santos, quien se opuso a esta obra, considerando que podría “desnaturalizar un monumento histórico de diecinueve siglos de existencia y emblema de la ciudad”. Pidió que el Ayuntamiento propusiese al Estado la construcción de un puente nuevo junto a la calle San Pablo, propuesta que fue aprobada por el Ayuntamiento. El ingeniero pidió permiso para estudiar un puente nuevo, pero el proyecto no llegó a la Dirección General hasta 1899. El alto coste, 837.840 pesetas, hizo que se volviera a proponer el ensanche, pero ahí ya se encontraron con las autoridades salmantinas en contra. Incluso recurrieron a la Academia de San Fernando, que fue tajante.
En el diario ‘El Lábaro’, el 17 de julio de 1900, Enrique María Repullés y Vargas, arquitecto y miembro de la Real Academia de San Fernando, publica un artículo en el que hace referencia a la obra de ensanche del Puente Romano y a la polémica generada que implicó a varias instituciones incluyendo a la academia. En él asegura que el puente salmantino es “una de las antigüedades romanas más notables de España” y describe sus medidas, el número de arcos y la necesidad de restaurarlo a lo largo de su historia por “las avenidas del Tormes”. Continúa el artículo explicando que se han conservado 15 arcos de la época romana, los más próximos a la ciudad “número suficiente para juzgar lo que debió ser el conjunto y para conservarlos con esmero”. Los demás se perdieron en la riada de 1626. Asegura el académico que en el siglo XVI “se construyeron los once arcos arruinados y una torre con arco que dividía la parte nueva de la antigua, y se almenaron los antepechos o pretiles; en el XVII debieron reconstruirse o repararse dichos arcos haciendo en sus pilas robustos tajamares, pues acaso la falta de estos fue causa de las diferentes ruinas del puente por el sitio en que la corriente de las avenidas es más impetuosa”.
La torre y las almenas fueron derribadas en 1853 “con indignación de los artistas y disgusto de todo el vecindario, pues en tal forma el puente y con el legendario toro de piedra que se quitó en 1834, constituye el blasón de la ciudad”, asegura Repullés y Vargas. Por todos estos motivos, el arquitecto pide “su conservación sin permitir que, al menos en la parte antigua, sea desfigurado con aditamentos y obras supletorias que si dan facilitad al tránsito, profanan su venerable antigüedad”. Defensor de construir un nuevo puente, el académico destaca que el Ayuntamiento y la Diputación “ganosos de conservar sus históricos y gloriosos monumentos” ofrecieron cincuenta mil pesetas más el valor de las expropiaciones necesarias. Sin embargo, en ese momento, con el proyecto del nuevo puente aprobado, paso a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos del Estado que consideró que era más económico el ensanche que construir uno nuevo por lo que el arquitecto apela a que Salamanca “debe procurar a todo trance que no se lleve a efecto el ensanche del puente romano, sino que, apartado del mismo, se construya uno nuevo con arreglo a los modernos adelantos y con el ancho necesario al tráfico” y añade que con esta obra “dará una muestra más de cultura la Atenas española del siglo de oro y obtendrá además un beneficio material poseyendo dos puentes en vez de uno”. Una petición que la Real Academia de San Fernando ha hecho al Gobierno y que “espera que atienda”.
Finalmente, tras el compromiso de que el Ayuntamiento y la Diputación abonarían 50.000 pesetas cada uno, el 7 de agosto de 1900 el Ministerio aprobaba la construcción del proyecto de puente metálico diseñado por el ingeniero Saturnino Zufiarre. Se inauguró en 1913 con el nombre de Enrique Estevan en honor al concejal.
El Puente Romano ya no modificaría más su imagen. Todas las mejoras que se han hecho hasta ahora son conservadoras. Cabe recordar que el Puente Romano es BIC desde 1998. De hecho, ahora está pendiente la reparación de los pretiles que el Ayuntamiento ejecutará en los próximos meses considerada una obra de mantenimiento.
