El 2023 se ha estrenado dentro del Cuerpo de la Guardia Civil con polémica por la puesta en marcha de coches eléctricos en unidades que no cuentan todavía con suficientes puntos de recarga o que de hecho directamente no tienen. Una acción criticada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que tildan esta propuesta por parte del Gobierno de “chapuza” y “falta de previsión”.
La problemática que se ha generado respecto a este tema tiene tres puntos, según la AUGC: la dudosa eficacia de los vehículos eléctricos (autonomía y velocidad), la falta de puntos de recarga para garantizar un servicio adecuado y la ausencia de un plan técnico de mantenimiento para hacer frente a las averías.
Aunque primordialmente el problema parte del gran número de vehículos que hoy en día se encontrarían parados, según asegura la AUGC, porque no pueden ser utilizados para el servicio, al no haber cargadores suficientes para cargarlos en las unidades a nivel nacional. Ni el Gobierno ni el Ministerio de Interior han dado todavía una respuesta aclarativa a este debate abierto en redes sociales y medios de comunicación.
En el caso concreto de Salamanca, fuentes de la Guardia Civil de la provincia, han confirmado, a este medio, que llevan usando coches eléctricos desde el inicio de 2022, reconociendo también que cuentan con cargadores suficientes. Aunque, al igual que en el resto de las comandancias, como asegura AUGC, en Salamanca se prefiere guardar silencio cuando se pregunta por la eficacia de estos vehículos para llevar a cabo un servicio con garantías y sin aplazamientos, por ejemplo, en el caso de una persecución por falta de autonomía del propio coche.
Pedro Carmona, portavoz nacional de la AUGC, confiesa a Salamanca24horas que, a parte de la falta de puntos de recarga, se desconfía de “si las características de estos vehículos se van a adaptar a las necesidades operativas de la Guardia Civil ya que tienen poca autonomía, alrededor de unos 300 kilómetros aproximadamente”, haciendo hincapié especialmente en las comandancias con menor población y más alejadas del núcleo urbano o de comandancias que cuenten con puntos de recarga: “En la España Vaciada donde los guardias civiles tienen que realizar grandes desplazamientos desde una demarcación a otra y atender un aviso, no sabemos si van a cumplir con estas necesidades de desplazamiento, porque puede ser que hagamos una demarcación, por ejemplo, donde se tienen que hacer unos 100 km de un sitio a otro para atender en plena noche, entonces se pueden encontrar con que tengan que realizar una carga extra durante el servicio y que el vehículo los deje tirados y no puedan recargarlo porque están lejos del puntos de carga.
Hay que entender y dejar claro que no todos los vehículos van a valer para todas las unidades, ni para todos los servicios de la Guardia Civil, como pretende hacer creer la Dirección General de la Guardia Civil. Por ejemplo, en servicios en cárceles, en servicios administrativos en conducciones de presos, en servicios propios de la Comandancia y cosas así sí se podrían usar, pero en servicios operativos o en unidades donde tienen que hacerse grandes desplazamientos como la España Vaciada no van a ser eficaces”.
Partiendo de esto, lo que se solicita desde la AUGC es que “los vehículos lleguen a las unidades porque tienen que llegar vehículos que sean eficaces y que respondan a la necesidad de los guardias civiles”. Además, Carmona ha aclarado que desde la AUGC “apostamos por vehículos que sean respetuosos con el medio ambiente, pero se nos presentan muchas dudas e incertidumbres sobre la adjudicación de estos vehículos eléctricos”.
La “falta de previsión” y de “gestión en el uso de los fondos para la compra de los vehículos” es lo que ha desencadenado este problema, ya que tal y como relata el portavoz nacional de la AUGC, a este medio, “durante el 2023 se tenían que haber instalado cerca de 1.100 puntos, distribuidos a nivel territorial”, matizando que “no se hicieron por falta de previsión” y que “eso está escrito en el pliego de proposiciones. No es una cosa que nos hayamos inventado nosotros”.
¿Tiene esta problemática solución a corto plazo?
Respecto a una solución en el tiempo que erradique la situación de más disponibilidad de coches eléctricos que puntos de carga en el Cuerpo de la Guardia Civil, Carmona manifiesta que según el pliego de prescripciones técnicas de la red de puntos de recarga de los vehículos eléctricos de la Guardia Civil "se tiene pensando instalar en 2023 un total de 1.200 puntos de recarga, para el que han dado un plazo de nueve meses" que correrá por parte de Orange, que es la empresa adjudicataria para instalar estos puntos.
¿Qué comunidades van a beneficiarse de los puntos de recarga?
Este es otro tema polémico, puesto que no en todas las comunidades se van a instalar los mismos puntos de carga, sino que tal y como detalla la AUGC a través de este comunicado, “la mitad de las estaciones de recarga del país se centrarán en cuatro autonomías: Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Castilla y León”, quienes dispondrán de 699 puntos de suministro eléctrico para los vehículos de la Guardia Civil, mientras los otros 694 equipos restantes quedarían repartidos entre 15 territorios, donde Melilla y el norte de España serán los más “olvidados”.
En el caso de Salamanca se instalarán 18 puntos de carga, aunque, tal y como detalla la AUGC, no todos ellos tendrán un abastecimiento energético asegurado, ya que algunas dependencias de la Guardia Civil podrían quedarse sin instalaciones sino cuentan con el suficiente presupuesto para ello.
De esta manera, y según la Dirección General de la Guardia Civil, la Comandancia de Salamanca contará con 4 puntos de recarga, siendo la que más disponga, seguido del puesto de Santa Marta de Tormes que dispondrá de 2 puntos de recarga. Mientras, el resto de los puestos donde se tiene previsto llevar a cabo la instalación contarán únicamente con 1 punto de recarga, como es el caso de Aldeadávila de la Ribera, Lumbrales, Vitigudino, Ledesma, Villares, Peñaranda, La Fuente de San Esteban, Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, La Alberca, Guijuelo y Béjar.
Finalmente, el resto de los puestos de la Guardia Civil distribuidos por la provincia de Salamanca se encontrarían en estos momentos en reserva, pendientes de disponibilidad presupuestaria.
