El Consejo de Ministros aprobó este martes en primera lectura el anteproyecto de Ley de Función Pública, una norma con la que prevé regular las condiciones laborales del personal de la Administración General del Estado (AGE) y “desarrollar” el Estatuto Básico del Empleado Público después de 15 años desde su aprobación.
Así lo avanzó la portavoz del Gobierno y ministra de Política Interterritorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde subrayó que el texto “incorpora ya algunos de los elementos más importantes de transformación de mejora y de modernización” de la Administración General del Estado (AGE).
En este sentido, detalló “algunos de los elementos más importantes” y “novedosos” de la norma, entre ellos, la “exigencia” de que exista una planificación estratégica en materia de recursos humanos “para adaptar la selección del personal a las necesidades de todas las organizaciones que conforman la Administración General del Estado” y lograr “una mayor eficiencia”.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública también pretende introducir por ley –con “carácter obligatorio”– una “evaluación del desempeño” de los empleados públicos “para mejorar la productividad y adecuar la evolución de la carrera profesional al cumplimiento” de sus funciones.
En paralelo, Rodríguez aseguró que el texto fomentará la promoción interna y regulará “la carrera [profesional] horizontal”. “Hasta ahora, en la Administración Pública sólo era posible escalar de manera vertical. Ahora se profundiza en la carrera profesional desde el punto de vista horizontal, estableciendo un sistema de tramos en las carreras sin necesidad de cambiar de puestos de trabajo y, por tanto, fortaleciendo el capital humano”, expuso sin más detalles.
Por último, la portavoz del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez anunció que la ley regulará la figura del directivo público profesional con funciones de desarrollo de políticas y programas públicos, fijará los “principios” de la Función Pública, incorporará distintos protocolos para atender el acoso sexual o por razón de sexo –que se actualizará cada cuatro años–, y obligará a los ministerios a constituir “una unidad específica para la incursión de las personas con discapacidad”.
Rodríguez subrayó que el texto “cuenta ya con un previo diálogo con los agentes sociales con los representantes de los empleados públicos”, aunque reconoció que es “susceptible de ser mejorado en el futuro” y que la ley definitiva será fruto de los “trabajos que seguirán a esta primera vuelta”.
Oposición
En este sentido, cabe recordar que CCOO y UGT se han opuesto durante los últimos días a la propuesta inicial del Ejecutivo. Ambos sindicatos tacharon los borradores abordados a lo largo de la semana pasada de “manifiestamente mejorables”, y evidenciaron su deseo por poder avanzar en la negociación para lograr una ley “que responda a las necesidades de las plantillas y de la ciudadanía”.
Desde ambas organizaciones indicaron que el texto se centra en la planificación de los recursos humanos y no entra en las reclamaciones de los derechos laborales que las organizaciones lideradas por Unai Sordo y Pepe Álvarez han exigido "históricamente". De hecho, avanzaron que rechazarían el texto articulado íntegro que les ha presentado el Ejecutivo.
No obstante, sí han celebrado que, tras 15 años de retraso en el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, “un equipo ministerial a cargo de la Función Pública ponga en valor la necesidad de sacar adelante la ley más importante y esencial de la AGE”. Ahora, CCOO y UGT tienen previsto convocar una rueda de prensa para fijar su posición final ante los medios de comunicación.
