El Consejo de Ministros ha dado luz verde este miércoles, en primera vuelta, al anteproyecto de Ley que regulará los créditos al consumo con el objetivo primordial de frenar los intereses abusivos y aumentar la protección de los usuarios. Esta normativa, que transpone dos directivas europeas, afecta directamente a productos financieros como los microcréditos, las tarjetas ‘revolving’ y los préstamos rápidos. Según ha explicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la medida responde a la aceleración de este tipo de financiación, que ya representa el 15 por ciento del total del crédito a los hogares y que impacta de manera especialmente relevante en las familias con menores rentas.
La nueva legislación introduce un sistema de límites máximos para la Tasa Anual Equivalente (TAE) basado en el tipo de interés medio del mercado más un margen adicional que varía según la cuantía solicitada. Para préstamos de hasta 1.500 euros, el margen permitido será de 15 puntos porcentuales, mientras que para créditos entre 1.500 y 6.000 euros se reducirá a 10 puntos. En el caso de importes superiores a 6.000 euros, el margen será de ocho puntos si el vencimiento es inferior a ocho años, y de seis puntos si supera dicho plazo. El Banco de España se encargará de actualizar y publicar estos límites de forma trimestral, aunque de manera transitoria se ha establecido un tope máximo del 22 por ciento que obligará a revisar a la baja uno de cada cuatro préstamos vinculados a tarjetas ‘revolving’.
En el segmento específico de los créditos de alto coste o microcréditos, la ley introduce cambios estructurales para evitar el sobreendeudamiento. A partir de ahora, se establece un periodo mínimo de reembolso de tres cuotas mensuales y se limita el coste total para el consumidor, fijando un interés mensual máximo del cuatro por ciento y una comisión del cinco por ciento que no podrá superar los 30 euros. Como medida de seguridad adicional, las entidades financieras estarán obligadas a conceder un plazo mínimo de 24 horas antes de aprobar la operación para que el cliente pueda reflexionar sobre su decisión. Asimismo, queda prohibida la publicidad que resalte exclusivamente la inmediatez del dinero sin mencionar los costes asociados.
Para garantizar el cumplimiento de estas normas, el Gobierno ha profesionalizado el sector permitiendo conceder préstamos únicamente a entidades registradas y supervisadas por el Banco de España. En este contexto, nacen dos nuevas figuras: los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado y los prestamistas de alto coste autorizados, advirtiendo la ley de que cualquier contrato firmado con un operador no autorizado será considerado nulo. Además, se refuerza la transparencia mediante la creación de un modelo de información precontractual donde los elementos esenciales aparezcan destacados en una única página y se prohíbe el uso de técnicas de diseño engañosas o ‘dark patterns’ en las interfaces digitales.
Finalmente, la normativa incluye medidas para prevenir la vulnerabilidad financiera, como la consulta obligatoria al historial crediticio del cliente antes de otorgar financiación y la creación de servicios de asesoramiento de deudas para personas con dificultades económicas. En el ámbito comercial, las empresas que vendan bienes como muebles o electrodomésticos solo podrán ofrecer financiación si esta se presenta como un préstamo sin intereses. Con estas reformas, el Ejecutivo busca no solo reducir el coste del crédito, sino también asegurar que los consumidores cuenten con asistencia jurídica y psicológica ante situaciones de impago, reforzando sus derechos en casos de reembolso anticipado y ventas vinculadas de seguros.
