La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha desvelado que el Gobierno aprobará “en breve” una extensión para las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios “hasta el 31 de marzo, en línea con el marco europeo recientemente aprobado".
Su anuncio lo realizó en declaraciones a la prensa antes de participar en la reunión del Eurogrupo, donde expondrá el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia de España por invitación del presidente del Eurogrupo y la presidencia portuguesa del Ecofin para servir de orientación y estímulo a otros países, al ser España uno de los “que están más avanzados” y “tienen un plan preparado y presentado más completo”.
En España, el Gobierno incluyó las moratorias hipotecarias dentro el escudo social aprobado durante el estado de alarma y posteriormente prorrogó su acceso hasta el próximo día 30, haciendo extensiva su aplicación a créditos sin garantía hipotecaria o los también llamados créditos al consumo. De forma complementaria, la banca lanzó una moratoria más generosa en colectivos, al ser accesible para personas que no cumpliesen el perfil de extrema vulnerabilidad fijado por real decreto para la moratoria legal, y más amplia en el tiempo.
Sin embargo, la legal permitía aplazar el pago de la cuota íntegra -capital e intereses- durante tres meses y la sectorial admitía aplazamientos del capital -sólo se pagan los intereses- en hasta seis meses para créditos al consumo y de doce meses para hipotecas.
La ventana para acogerse a estos aplazamientos se cerró el 30 de noviembre, coincidiendo con la decisión de la autoridad bancaria europea (EBA) de dejar de exonerar a los bancos sobre el impacto que dichas operaciones puedan tener en recursos propios en aquellos aplazamientos nuevos que realicen a partir del próximo día 1 de octubre.
Bajo dichos programas las entidades concedieron 1.386.306 moratorias, con un saldo vivo pendiente de amortización de 54.451 millones de euros con cargo a dichas moratorias, legal y sectorial, cuando el Banco de España publicó su última estadística el pasado mes de diciembre.
Se habían presentado un total de 1.511.868 solicitudes y fueron concedidas más del 91 por ciento: 226.523 de ellas por imposición de la normativa, con un saldo vivo pendiente de amortización por entonces de 20.309 millones de euros.
Ahora, según ha desvelado Calviño, se retomará la facilidad reaperturando la ventana. Su anuncio lo efectuó al detallar la intención firme del Ejecutivo de abordar inversiones y reformas al tiempo que se seguirán “concentrando” esfuerzos en “apoyo al tejido productivo, el empleo y las familias para acompañar a la economía y la sociedad, en su conjunto, en las semanas y meses duros que todavía tenemos por delante”.
De forma expresa y junto a las moratorias mencionó que se está también trabajando con los agentes sociales en la extensión del mecanismo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 31 de enero.
Se espera, de hecho, que los órganos directivos de las organizaciones empresariales y sindicales decidan esta semana si dan el visto bueno a la última propuesta del Gobierno para extender los ERTE, pudiendo, incluso, ir al próximo Consejo de Ministros.
