El Ministerio de Sanidad ha formalizado este martes la actualización de la normativa sobre drogas en España mediante la publicación de la Orden SND/362/2026 en el Boletín Oficial del Estado. Esta medida tiene como objetivo principal modificar el anexo 1 del Real Decreto 2829/1977 para incluir siete nuevas sustancias psicotrópicas bajo una estricta fiscalización. A partir de ahora, la fabricación, distribución, prescripción y dispensación de estos compuestos estarán sujetas a rigurosas inspecciones y medidas de control administrativo y penal.
Esta actualización responde a los compromisos internacionales de España derivados del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. La normativa nacional debe adaptarse periódicamente a las decisiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU para enfrentar la "cambiante situación" del tráfico ilícito. Con este movimiento, Sanidad busca atajar los retos que plantean las nuevas sustancias psicoactivas, mejorando los mecanismos de prevención y represión ante la aparición constante de nuevos compuestos en el mercado.
Entre las sustancias incorporadas destaca el carisoprodol, que se añade a la lista IV del anexo 1. Esta inclusión, que abarca también sus variantes estereoquímicas y sales, adecúa la legislación española a las resoluciones adoptadas por la ONU en su 68º periodo de sesiones. Por otro lado, la orden incorpora a la lista II otras seis sustancias de alta peligrosidad: 2-clorometcatinona (2-CMC), 2-metilmetcatinona (2-MMC), 4-bromometcatinona (4-BMC), N-etilnorpentedrona (NEP), MDMB-FUBINACA y la lisdexanfetamina. A todas ellas se les aplicarán las sanciones penales y medidas de control previstas para los estupefacientes de mayor vigilancia.
La nueva regulación también da cumplimiento a la Directiva Delegada (UE) 2025/2062 de la Comisión Europea, que busca unificar la definición de "droga" en todo el territorio de la Unión para evitar vacíos legales. Esta armonización permite que las fuerzas de seguridad y las autoridades sanitarias actúen con mayor eficacia contra el comercio de estas sustancias sintéticas y derivados que ponen en riesgo la salud pública.
Con la entrada en vigor de la orden este mismo miércoles, todos los operadores del sector —incluyendo fabricantes, importadores y farmacéuticos— están obligados a adaptar su actividad a las exigencias impuestas por la normativa vigente. El incumplimiento de los protocolos de registro y control sobre estos productos psicotrópicos será perseguido bajo el marco legal del Real Decreto de 1977 y sus desarrollos posteriores.
