El Gobierno de España ha reforzado su estrategia judicial contra la discriminación mediante la formación especializada de 40 fiscales en delitos de odio contra personas con discapacidad. Esta medida, fruto de la colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, busca optimizar la detección e investigación de estos casos. La iniciativa ha sido detallada por el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular en el Congreso, donde se analizan las actuaciones llevadas a cabo durante el pasado año 2025.
Esta especialización de los fiscales se enmarca en el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, con vigencia hasta 2028. Durante el último año, el Gobierno ha puesto el foco en la dimensión analítica de este fenómeno, actualizando la terminología en los estudios oficiales y desarrollando investigaciones específicas. El objetivo principal es identificar los factores de vulnerabilidad que afectan a las personas con discapacidad intelectual para fundamentar futuras políticas preventivas basadas en datos y evidencias empíricas.
Una de las figuras clave que se está impulsando es la del "facilitador" en las diligencias policiales. Este profesional tiene el cometido de asistir a personas con discapacidad intelectual, ya sean víctimas, investigadas o detenidas, para garantizar que comprendan perfectamente el procedimiento legal. Con esta medida se pretende evitar la desprotección o la denominada "victimización secundaria", asegurando que el sistema judicial sea accesible y no suponga un trauma adicional para el ciudadano.
En el ámbito policial, la capacitación ha sido igualmente intensa. En marzo de 2025 se publicaron documentos operativos elaborados por grupos multidisciplinares que incluyen a la Universidad Complutense y entidades como la Fundación A LA PAR y Plena Inclusión. Además, en diciembre del mismo año, la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) organizó un seminario específico sobre actuación policial y protección de víctimas con discapacidad, ampliando la formación de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.
De cara al primer semestre de 2026, el Ejecutivo tiene previsto dar un paso más con la puesta en marcha de nuevos canales de comunicación y asistencia.
