La Junta de Castilla y León y el Estado han hecho públicas las resoluciones de sus respectivas convocatorias de 2018 a proyectos de operadores privados de comunicaciones electrónicas para el despliegue de redes de nueva generación que lleven Internet de al menos 100 Mbps al medio rural de la Comunidad de Castilla y León, por un importe conjunto de más de 16 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea mediante fondos FEDER.
Las ayudas otorgadas por la Administración del Estado financian el 70% de la inversión necesaria para poner en marcha los proyectos, mientras que las concedidas por el gobierno regional subvencionan hasta un 90% dado que dirigen su objetivo exclusivamente a entidades de población de menos de 500 habitantes en las que resulta muy difícil conseguir rentabilidad suficiente sin la aportación de fondos públicos.
La convocatoria autonómica ha tenido en cuenta para la valoración de los proyectos la consideración de zonas prioritarias de las poblaciones incluidas en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros para el periodo 2016-2020, de aquellas que se beneficiaran del Programa de Dinamización con Mayores Desafíos Demográficos de Castilla y León, de las ubicadas en la Red de Espacios Naturales y de las pertenecientes a los Caminos a Santiago y a las principales rutas turísticas que recorren la Comunidad.
Los proyectos subvencionados beneficiarán a entidades de población de las nueve provincias. En Salamanca alcanzarán 34 localidades beneficiando a 18.112 habitantes. En concreto, son 21 municipios salmantinos beneficiados por la subvención del Estado: Aldeadávila De La Ribera, Corporario, Bañobárez, Boada, Cabrillas, Calvarrasa De Abajo, Calvarrasa De Arriba, Cantalapiedra, Cantalpino, Cespedosa De Tormes, La Fuente De San Esteban, Linares De Riofrío, Martín De Yeltes, Monterrubio De Armuña, San Cristóbal De La Cuesta, Sancti-Spíritus, Los Santos, Tamames, Vega De Salamanca, Villarino De Los Aires y Villavieja De Yeltes.
Del mismo modo, son trece localidades las que se benefician de las subvenciones de la Junta: Alaraz, Aldeaseca de la Frontera, Cantaracillo, Fresno Alhándiga, Fuenterroble de Salvatierra, Santa Teresa, Las Veguillas, Nava de Sotrobal, Navales, Paradinas de San Juan, Rágama, Sieteiglesias de Tormes y Valdecarros.
En Ávila las ayudas llegan a 29 localidades (15.342 habitantes); en Burgos a 54 (22.892); en León a 88 (38.012); en Palencia a 25 (11.209); en Segovia, a 32 (18.271); en Soria a 10 (4.903); en Valladolid a 34 (21.961) y en Zamora a 28 (16.913). La ejecución de estos proyectos supondrá dotar de conectividad a Internet ultrarrápido aproximadamente al 7% de la población de la Comunidad.
Concretamente, han sido ocho empresas del sector de la telefonía y las comunicaciones electrónicas, tanto grandes compañías como operadores locales, las que han resultado beneficiarias de estas ayudas con 38 proyectos presentados, que harán posible la conectividad de 334 nuevas localidades en las que residen 167.000 ciudadanos de la Comunidad, y que serán ejecutados a partir de 2019. Las empresas son Adúriz Energía, Fibra Line, Globe Operator Telecom, Masmóvil Broadband, Redes Ópticas Salmantinas, Redytel Wimax, Setel, y Telefónica de España.
Cada uno de estos 38 proyectos subvencionados abarca un conjunto variable de poblaciones de una o más zonas de la Comunidad, que recibirán cobertura de redes capaces de dar velocidades de 100 Mbps o más. Todos ellos mejorarán la cobertura de Internet en las llamadas ?zonas blancas? del territorio, es decir en las que no existe ni hay previsión de que exista ninguna red de este tipo en tres años, de acuerdo con el mapa de cobertura elaborado por la Secretaría de Estado para el Avance Digital.
Precisamente el objetivo de estas ayudas es incentivar la ejecución de este tipo de infraestructuras en aquellas áreas del territorio, principalmente rurales y con bajas densidades de población, donde a las compañías de telecomunicaciones no les resulta rentable operar. En cualquier caso, son los propios operadores quienes eligen libremente las zonas de despliegue a incluir en los proyectos para los que solicitan subvención. Dichos proyectos son posteriormente evaluados por la Administración, que selecciona para su financiación aquellos con una mejor relación entre el coste y la población beneficiada.
