Izquierda Unida de Salamanca, a través de la Áreas Regionales de Salud y de Mujer de IUCYL, ha comunicado que ha tenido conocimiento de que los hechos denunciados en el caso del médico de Guijuelo no son los primeros protagonizados por este facultativo. La coalición de izquierdas considera preocupante que ya hubiera sido denunciado en la localidad zamorana de Fuentesaúco antes de ser trasladado a Salamanca.
“Parece que la Junta de Castilla y León y la Iglesia Católica tienen el mismo protocolo de actuación ante los casos de abusos hacia las mujeres o menores. Mover el problema a otro lugar donde no se conozca al protagonista”, asegura Miguel Rodero Carazo, coordinador provincial de IU en Salamanca.
Desde Izquierda Unida recuerdan que ‘La declaración de Beijng dice que la violencia contra la mujer se refiere a todo acto de violencia basado en el sexo que tiene como resultado posible o real un daño físico, psicológico o sexual, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada.
Asimismo, para Izquierda Unida, “el acoso sexual puede darse en cualquier ámbito donde sean patentes las relaciones de poder, siendo el ámbito sanitario uno donde la vulnerabilidad de las mujeres es evidente, y por lo tanto consideran el caso de este médico como un abuso de poder para ejercitar dicho acoso sexual”.
En palabras de Elisabeth Montenegro, integrante de la dirección provincial de IU Salamanca, “cuando no hay consentimiento por ambas partes, así como cuando dicho consentimiento se deriva de una relación de poder o sumisión de una de las partes sobre la otra, se produce acoso sexual, lo cual lleva a la necesidad de empezar a tomarse en serio estas lacras y empezar a educar y a formar a la sociedad en conjunto para desterrar estos comportamientos. Es sencillo, toda mujer que haya tenido que experimentar dicha situación la entiende como una forma de agresión sexual”.
Desde Izquierda unida exigen a la Junta de Castilla y León y al propio Sacyl que actúen de forma inmediata y clara ante situaciones como estas elaborando un código de conducta del personal a su servicio que considere falta muy grave estos comportamientos. A juicio de Miguel Rodero y el conjunto de Izquierda Unida la comunidad sanitaria tiene que ser especialmente activa en la denuncia de hechos de este tipo, así como en la ayuda y protección a las personas más vulnerables.
Por ello, Izquierda Unida ha anunciado demandará a través del procurador en Cortes de IUCyL-EQUO, José Sarrión, la necesidad de un protocolo y una campaña clara sobre qué significa acoso y cómo actuar ante el mismo.
