La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Plan de mejora de la calidad del aire por ozono troposférico en la Comunidad, lo que obliga a la Junta de Castilla y León a elaborar y aprobar una nueva propuesta en un plazo máximo de seis meses.
"La zonificación de evaluación del ozono para la protección de la salud en Castilla y León cuenta con 4 aglomeraciones y 8 zonas", recoge el comunicado difundido por Ecologistas en Acción. Esas áreas con "incumplimientos legales" son Salamanca, Valladolid, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Soria y Demanda.
La Junta de Castilla y León aprobó en 2021 un Plan único, sin especificar para cada zona las fuentes de emisión. Dos años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad le exigió un "contenido específico "para cada área, ya que el ozono no se comporta de igual forma en la ciudad que en en el entorno rural. El gonierno autonómico interpso un recurso de casación que ha sido desestimado con la sentencia de este viernes, 10 de abril.
Ecologistas en Acción alerta de las consecuencias del ozono troposférico, producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar: "Provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y el agravamiento de patologías cardiovasculares, con resultado de hospitalización o muerte". De hecho, añade que casi trescientas personas fallecieron en la Comunidad en 2023 por la exposición a contaminantes.
