La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presidido la mañana de este lunes en Salamanca la sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, donde se ha analizado y presentado la propuesta del nuevo programa de actuaciones estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil.
Entre estas propuestas destaca la vinculación de la Renta Garantizada de Ciudadanía a la lucha contra el absentismo y el abandono escolar temprano, de manera que se realizarán itinerarios formativos, a partir de los tres años, para evitar la salida de las aulas de los más pequeños.
Por otro lado, desde la Junta plantean un programa de ayuda a domicilio, similar a que se realiza con los mayores, pero para ayudar a los menores de familias en situaciones de extrema vulnerabilidad a superar los cursos académicos y fortalecer su formación, la cual podría verse lastrada por la situación económica de sus hogares. Los CEAS serían los encargados de evaluar los núcleos familiares que requiriesen de este apoyo.
La estrategia contempla 54 medidas, agrupadas en torno a 19 objetivos específicos y cuatro áreas prioritarias de actuación, que tienen como finalidad principal la prevención y lucha contra la exclusión social de los menores especialmente vulnerables, garantizando su acceso a un conjunto de servicios clave, así como la defensa de sus derechos desde el fomento de la igualdad de oportunidades.
El programa tendrá una duración de seis años (hasta 2027) y a estos retos destinará la Junta una media de 60 millones de euros anuales, cuantía a la que se incorporarán el 5 % de los recursos procedentes del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) del periodo 2021-2027.
Indicadores nacionales sobre condiciones de vida
La concreción de las medidas incluidas en el programa se ha realizado a partir de un diagnóstico de la situación social en Castilla y León y, en particular, de la pobreza infantil. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del último año cerrado, 2020, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en la comunidad (tasa AROPE) se situaba en el 19,8 %, un 6,6 % por debajo de la media nacional (el 26,4 %), siendo Castilla y León la cuarta autonomía con el indicador más bajo, sólo por detrás de Navarra (12 %), el País Vasco (13,9 %) y Aragón (18,5 %).
Isabel Blanco, consejera de Familia, ha precisado que “detrás de estas cifras hay familias, las cuales debemos proteger”.
En cuanto a la población infantil, la menor de 18 años era al cierre de 2020 de 342.000 personas, el 14,3 % del total. La tasa de pobreza infantil en Castilla y León se situaba un año antes en el 27,7 %, frente al 29,5% de España, casi dos puntos por debajo. Asimismo, la población infantil viviendo en hogares con carencia material severa era el 1,1 %, siendo la segunda comunidad con una menor tasa, 5,4 puntos por debajo de la media nacional (6,5 %).
Respecto a las características de la población en situación de riesgo, cabe destacar que Castilla y León presenta también una tasa inferior a la media en cuanto a la población de entre 15 y 29 años con nivel inferior a la segunda etapa de ESO que ni estudia ni trabaja, así como en abandono temprano de la educación-formación.
En el caso de abandono temprano, en el desglose por género, las mujeres presentan una media superior a la nacional, aspecto al que el presente programa presta especial atención, así como a los tipos de hogar con mayor riesgo (las personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a su cargo) y a la población de origen extranjera que presenta unas tasas de riesgo muy superiores a la media.
La consejera de Familia ha precisado que “a nadie se nos escapa la situación vivida en las familias de etnia gitana, donde el abandono escolar entre las mujeres es muy alto”. A tenor de esta problemática particular, la Junta plantea un programa de refuerzo con el que se pretende que las niñas gitanas continúen en las altas y puedan finalizas sus estudios.
Situaciones de vulnerabilidad atendidas por la Red de Protección
En 2019 las prestaciones económicas de la Red de Protección llegaron a 18.607 personas de la comunidad (1,09 % de la población total), entre las que había 6.642 menores (2,17% del total de la población menor de edad). En 2020 estas cifras se situaban en 32.311 personas (1,35 % de la población total), de las que 10.967 eran menores (3,2 % del total de la población menor de edad). Y hasta el 8 de noviembre de este año, las prestaciones económicas han llegado a 17.959 personas, entre ellas, 5.866 menores.
En cuanto a beneficiarios de la Renta Garantizada, en 2019 fueron 30.007 personas (1,25 % del total de la población de Castilla y León), entre ellos, 10.437 menores (3,02% del total de la población menor de 18 años). En 2020 estos números eran de 26.529 perceptores totales (el 1,11 %) y 9.270 menores (3,2 % del total de la población menor de edad). Y en los diez primeros meses de este año, la Renta ha llegado a 4.587 menores.
Esta reducción en las personas que recibieron la Renta Garantizada en 2020 se explica en gran medida con la aparición del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda estatal para familias en situación de vulnerabilidad, una lacra que ha sufrido un empeoramiento como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.
La consejera de Familia, Isabel Blanco, ha precisado que de las 50.000 familias que han solicitado en Castilla y León el IMV, tan solo a 15.000 se les ha concedido. De ese montante 6.700 eran perceptoras de la Renta Garantizada Ciudadana que vehicula Castilla y León solicitaron la subvención estatal, pero a 4.000 no se les aprobó y siguieron recibiendo la ayuda regional. Blanco criticó que “las familias que pasan de la Renta Garantizada al IMV abandonan los programas de inclusión, de inserción laboral y los menores de dichos núcleos familiares presentan un mayor absentismo laboral”.
Programa de actuaciones
El documento, que tiene un enfoque integral y transversal, se estructura en cuatro áreas prioritarias de actuación, para las que se han fijado 19 objetivos específicos, con 54 medidas –cuatro de ellas horizontales, enmarcadas en la Red de Protección a las familias, la perspectiva de género, la lucha contra la discriminación y la participación de los niños– y 53 indicadores.
En el área de Servicios Sociales, se contemplan 18 medidas en torno a cinco medidas. El objetivo general es evitar que determinadas situaciones familiares de vulnerabilidad puedan devenir en situaciones de pobreza infantil, garantizando la cobertura de las necesidades básicas y generando perspectivas de futuro.
En este marco, se plantean como retos particulares garantizar la protección frente a los desahucios de las familias con menores de 18 años, proporcionando a las unidades familiares los recursos y ayudas necesarios para cubrir sus necesidades básicas en materia de vivienda; evitar que la pobreza familiar sea causa para la declaración de desamparo; fomentar espacios seguros de crecimiento; favorecer la autonomía de los miembros de unidades familiares con menores de edad, facilitando su incorporación al mercado laboral; y coordinar el conjunto de medidas planificadas en el programa.
En el listado de medidas de inminente aplicación se encuentran la implementación, en 2022, de una ayuda a domicilio a las familias vulnerables con menores para apoyar su cuidado y reforzar su calidad de vida, que incluirá apoyo educativo, o la revisión normativa de la Renta Garantizada de Ciudadanía para vincular su percepción a la lucha contra el absentismo y el abandono escolar tempranos, de manera que se realizarán itinerarios formativos, a partir de los 3 años, para evitar la salida de las aulas de los más pequeños.
Para conseguir los objetivos marcados en el ámbito social, se plantea la puesta en marcha de una red de coordinación con las corporaciones locales y entidades del Tercer Sector Social, que aborde de manera más efectiva la pobreza infantil, además de potenciar el intercambio de información entre las instituciones, aplicando la tecnología y la innovación a los Servicios Sociales.
En el eje destinado a la vivienda, que incluye 18 medidas y cinco objetivos específicos, se persigue garantizar que ningún niño, adolescente o joven viva en una vivienda que no reúna las condiciones de habitabilidad, facilitando el acceso a viviendasdignas, seguras y asequibles. De ahí que, entre los objetivos más específicos, figue el de proporcionar a las unidades familiares los recursos y ayudas necesarios para cubrir sus necesidades básicas en materia de vivienda y fomentar espacios seguros en las zonas urbanas y rurales.
Proceso participativo
Desde la Consejería de Familia se organizó un proceso de participación infantil, mediante una consulta a través de seis de las entidades que conforman la plataforma POICyL, en la que participaron un total de 108 niños (55 chicos y 53 chicas), de entre 8 y 17 años, de las provincias de León, Segovia, Salamanca, Palencia y Valladolid, realizando aportaciones sobre cómo reducir el abandono escolar y combatir la pobreza infantil para reducir el número de niños y niñas que lo sufren.
