La Renta Garantizada de Autonomía constituye un derecho reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía, de todos los ciudadanos castellanos y leoneses que se encuentren en situación de vulnerabilidad. De hecho, se configura como un apoyo social y familiar, de naturaleza económica y percepción periódica y su reconocimiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos y a la suscripción de un Proyecto Individualizado de Inserción laboral con el objetivo de proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender necesidades básicas de subsistencia y tratar de integrar a quienes se encuentren en situación de exclusión social.
Entre los requisitos que debe reunir el solicitante para poder ser titular de la prestación se establece que no podrán acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía quienes estén percibiendo prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas, ya que la RGC no se configuró para complementar los ingresos que pudieran percibir los solicitantes procedentes de acciones protectoras de la seguridad social.
Asimismo, a nivel estatal, el Ejecutivo aprobó el pasado mes de mayo el Ingreso Mínimo Vital, que se configura como una prestación económica en su modalidad no contributiva, destinada al igual que la RGC, a aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, garantizando un nivel mínimo de renta.
Al pasar progresivamente a percibir el IMV aprobado por el Estado, se ha puesto de manifiesto que en determinados supuestos, la cuantía reconocida era inferior a la que le correspondería en concepto de RGC perdiendo estas familias poder adquisitivo respecto a lo que venían percibiendo o lo que se le hubiera reconocido por RGC, con una diferencia media de casi 207 euros. Precisamente, ante la imposibilidad legal de complementar el Ingreso Mínimo Vital con la Renta Garantizada de Ciudadanía, y dada la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por esta situación, la Junta ha venido concediendo una subvención directa a las familias con el objetivo de evitar la pérdida de poder adquisitivo, lo que ha supuesto que en los meses de agosto a octubre un total de 459 unidades familiares hayan percibido una compensación económica por un importe más de 340.000 euros.
Se hace necesario por tanto modificar con carácter urgente el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, y este es el contenido del anteproyecto de Ley aprobado en Consejo de Gobierno, con el fin de compatibilizar las prestaciones de la RGC y el IMV para aquellos beneficiarios de la prestación del Estado a los que se les haya reconocido un importe inferior a la cuantía de la ayuda autonómica, que pudiera corresponder a esa unidad familiar, siempre que cumplan con el resto de los requisitos exigidos en la normativa reguladora de la prestación de RGC. En este supuesto se tendrá derecho a percibir como máximo la diferencia entre la cuantía de renta garantizada que pudiera corresponder en función del número de miembros de la unidad familiar o de convivencia, y la cuantía reconocida de IMV.
Esta modificación nace de la apuesta de la Junta de Castilla y León por la Renta Garantizada de Ciudadanía como instrumento para garantizar un mínimo de ingresos a aquellas familias que peor lo están pasando y fomentando su incorporación al mercado laboral. Durante los diez años que lleva en funcionamiento la RGC en la Comunidad, la Junta ha destinado a la población más vulnerable cerca de 600 millones de euros, con una media de 60 millones de euros al año. En el conjunto de Castilla y León, a lo largo de los nueve primeros meses este año, han percibido la RGC un total de 11.348 familias, lo que supone 26.182 beneficiarios.
