La consejera de Educación, Rocío Lucas, aprovechó hoy su participación en la Conferencia Sectorial de Educación para reclamar que las comunidades participen en los criterios de reparto de los fondos de la Unión Europea para el Mecanismo de recuperación y resiliencia. Además, abogó por que los proyectos que se planteen sean “realistas” y “realizables”.
Según una nota remitida por la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Educación y Formación Profesional propone destinar los 4.500 millones de los fondos europeos en los años 2021, 2022 y 2023 a medidas enmarcadas en tres ejes como la digitalización y competencias digitales, la Formación Profesional y la modernización y equidad.
Lucas reclamó que la aplicación de esas medidas no solo afecten a los centros de titularidad pública sino que sea extensivo a todos los sostenidos con fondos públicos como son los concertados para facilitar su ejecución.
Además del dinero destinado para algunos proyecto, la consejera de Educación abogó por la existencia de un fondo incondicionado, desligado de estos ejes, para poder seguir sufragando las medidas de seguridad frente a la COVID-19 el próximo curso. También, solicitó poder invertir en las infraestructuras de los centros para mejorar su eficiencia energética.
La reunión entre la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y los consejeros autonómicos sirvió para analizar la evolución del segundo trimestre escolar. La Junta de Castilla y León destacó que todos coincidieron que la mayor incidencia de la COVID-19 en las aulas responde a un incremento de contagios en la sociedad en general y que en estos momentos ya están descendiendo los porcentajes de aulas en cuarentena. En Castilla y León, concretamente, se sitúa en el 1,3 por ciento.
En este aspecto, la titular de Educación de Castilla y León informó de que la Comunidad está dotando de medidores de CO2 a todas las aulas, una medida que, hasta la fecha, no ha sido adoptada en otros territorios.
