Castilla y León cuenta desde abril con una ley residencial destinada a dotar a los centros de mayores, centros de día y centros de cuidados de larga duración de un nuevo modelo de atención integral centrado en la dignidad y derechos de las personas en situación de dependencia y con discapacidad. El sistema se asienta en el programa piloto ‘En mi Casa’, del que ya se benefician unos 2.000 usuarios.
La ley señala a los centros como la vivienda de las persona y deben estar constituidos por unidades de convivencia con ambiente y tamaño de un hogar familiar, además de dejar claro que no son centros sanitarios. Además se promueve que tengan la condición de centros multiservicios, para lo que se favorece que aprovechen las infraestructuras de los barrios o pueblos para integrar en ellos las actividades que desarrollen para que formen parte de la oferta comunitaria y que sirva, además, para enriquecer la vida de la comunidad en general y de los pequeños núcleos de población en particular.
Además, hay un apartado centrado en el diseño de los centros, tanto a nivel de instalaciones como de atención, para tratar de evitar o, al menos, combatir de forma adecuada una situación extraordinaria por causas de salud pública, tal y como ocurrió con la pandemia del COVID. Por lo tanto, se apuesta por sectorizar los centros en pequeñas unidades, contar con un plan de contingencias y dotarlos de una reserva estratégica de material de protección.
La ley introduce como novedad la creación de un sistema de verificación de calidad de los servicios residenciales. Promueve y regula una atención libre de restricciones, cuyo uso será siempre excepcional y temporal, y cuando hayan fracasado el resto de medidas alternativas y hubiera un riesgo para la persona usuaria o terceros.
También, se recoge que las ratios de los profesionales que presten los apoyos en los centros residenciales deben contar con la formación adecuada para garantizar la calidad de vida de los usuarios. Precisamente, este fue uno de los motivos por los que la oposición rechazó esta ley, que calificó como una “mera declaración de intenciones” y un modelo de “bajo coste”, en palabras del Partido Socialista. No en vano, consideró que suponía una “oportunidad perdida” para los usuarios, al ofrecer una atención integral sin los profesionales y sin establecer la ratio. En este sentido, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que las ratios de profesionales sanitarios no se pueden incluir en un texto legislativo. “La ley es un marco general y las ratios vienen determinadas por el Consejo Territorial de Servicios Sociales”, añadió.
La lucha contra los maltratos continúa como una prioridad para la Junta, con el lema de ‘tolerancia cero’ contra la violencia de todo tipo y, en especial, contra la machista. Una de las novedades implantadas este año en la materia fue la puesta en marcha de Atiendo, un servicio de atención telefónica y virtual a víctimas de agresiones sexuales las 24 horas durante todos los días del año y que cubre el amplio territorio de la Comunidad.
La web (www.atiendojcyl.es) ha recibido en lo que va de año más de 1.300 visitas y se han realizado más de 150 llamadas al teléfono gratuito (900 847 484), de las que un centenar fue de víctimas y el resto, familiares, allegados y amigos.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 25 de noviembre, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó que ya se ha remitido al Consejo Consultivo el texto de la nueva Ley de Violencia de Género de la Comunidad. Una norma que el Ejecutivo autonómico se encuentra finalizando y cuyo objetivo es enviarla a las Cortes a principios de 2025. Explicó que el texto supondrá una “profunda” actualización de la normativa de violencia de género al recoger nuevas formas de ejercerla y sufrirla, como la violencia vicaria dirigida a hijos, familiares o allegados; la digital a través del uso de las tecnologías; o la violencia de segundo orden ejercida contra las personas que apoyan a las víctimas.
En este sentido, la Junta ha reforzado la asistencia a víctimas de agresión sexual con la adquisición de nueve locales (uno por provincia) para acoger los centros de crisis por 2,2 millones de euros, a cargo de los fondos europeos y que deben estar en funcionamiento antes de que acabe el año. Los profesionales de estos espacios ofrecerán información y atención especializada tanto psicológica como jurídica pero también acompañamiento social e incluso alojamiento urgente en situaciones críticas. La idea es que acudan personas que haya sufrido violencia sexual -sea reciente o en el pasado- así como víctimas de violencia de género pero también familiares, allegados y amigos de las mujeres agredidas. Además, se llevarán a cabo acciones de detección, prevención y sensibilización para evitar casos futuros de violencia sexual.
Otro de los colectivos más favorecidos fue el de las personas con discapacidad, gracias a la aprobación en noviembre del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2024-2027, que apuesta por promover la integración sociolaboral a través del empleo así como por la tecnología y asistencia en el medio rural, tanto de la infancia como de las personas mayores, desde un enfoque “transversal” que implicará a todas las consejerías y que contará con un presupuesto de 1.745 millones de euros, frente a los 751 del anterior, lo que supone un aumento del 132 por ciento.
A través de 211 actuaciones, se refuerzan los cuidados del usuario, el servicio de Atención Temprana en el medio rural o los recursos para un envejecimiento activo de las personas mayores de la Comunidad, que tiene reconocidas 176.048 personas con discapacidad, de las que la mitad tiene más de 65 años -un 43 por ciento vive en el medio rural-.
Un Plan que se enmarca en los avances regulados en las nuevas leyes del nuevo modelo de atención residencial y de apoyo al proyecto de vida de este colectivo. En concreto, la última norma avanza en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad al garantizar un proyecto de vida “digno” e “independiente”, basado en sus preferencias y capacidad de decisión. La nueva ley garantiza el desarrollo personal de las personas con discapacidad y presta atención a las transiciones, desde la infancia a la edad adulta y laboral, el envejecimiento activo y la final, en la que se requiere de más ayuda y apoyo. La idea es ofrecer tranquilidad a las familias al saber que sus seres queridos tendrán garantizada la atención cuando ellos no estén. También, incluye un apartado con los apoyos a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y los avances tecnológicos.
La llegada de importantes fondos europeos han dado un empujón a las nuevas tecnologías en los cuidados de las personas mayores y dependientes con proyectos y productos innovadores. Una veintena de robots sociales se repartieron por las residencias de la Comunidad para el cuidado y el entretenimiento de sus usuarios, con el objetivo de promover su autonomía y mejorar su calidad de vida. La Junta también adquirió este año andadores inteligentes y los sistemas de ayuda para el uso del inodoro, muy útiles para las personas con movilidad reducida.
El Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que firma la Junta con las entidades locales y las diputaciones provinciales, llegará a los 700 millones de euros en el periodo 2024-2027, con un incremento del 57 por ciento. El aumento se traduce en más personal de apoyo en los Centros de Acción Social (CEAS), en más frecuencias y personas atendidas en la ayuda a domicilio o en la incorporación de más técnicos de igualdad pero también más dinero para la atención a la dependencia, la conciliación y ayudas básicas a personas en riesgo de exclusión, drogodependencias y promoción de la la igualdad y la lucha contra la violencia de género.
Además, la Consejería de Familia aumentó este año en 3,5 millones de euros la financiación de plazas concertadas en centros residenciales y de día para personas con discapacidad y mayores, que supuso un aumento porcentual del tres por ciento.
El Comité Europeo de las Regiones aceptó en noviembre una serie de enmiendas planteadas por la Junta para facilitar el acceso a los Servicios Sociales, mejorar la atención y promover la igualdad entre los colectivos más vulnerables del medio rural, con el fin de abordar las desigualdades territoriales existentes en la Unión Europea. En concreto, la Comunidad planteó el fomento de la autonomía de las personas dependientes, gracias a la inversión de la UE en tecnologías aplicadas a los cuidados y la digitalización.
Liderazgo en Servicios Sociales
Otro año más, Castilla y León ocupó los primeros puestos en el análisis de los servicios sociales, al situarse en tercer lugar, cerca del notable (6,7), solo por detrás de País Vasco (7,4) y Navarra (6,9), lo que supone la mejor calificación entre las autonomías de Régimen Común. Sin embargo, desde 2017, aunque mantiene la calificación “media”, la Comunidad registra una “tendencia ligeramente decreciente”, ya que ha perdido 0,10 puntos en este periodo, tal y como constata el Índice DEC que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Así, la Comunidad supera la media nacional (5,21), con una ventaja de 1,58 puntos, donde el sistema de Servicios Sociales de Castilla y León alcanza la excelencia en el apartado de derechos y obtiene la mayor puntuación de entre todas las comunidades autónomas, al llegar al 1,40 de 1,50, mientras que la media estatal se sitúa en 0,95.
Además, el estudio destaca el “sistema equilibrado”, con uno de los mejores ratios entre cobertura y gasto debido a la “gran red de colaboración” tejida con las entidades locales para la gestión de prestaciones y servicios y a la adecuada integración del Sistema de Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales autonómicos. La Comunidad sobresale igualmente en profesional por número de habitantes; en dependencia; en plazas residenciales de financiación pública para mayores de 70 años y para personas con discapacidad.
En este sentido, Castilla y León repitió como líder en atención a dependencia con una nota de 8,3 puntos por parte del dictamen de la misma entidad. La Comunidad empató en lo alto de la tabla con Castilla-La Mancha, mientras que en tercer lugar, ya lejos, aparecía Andalucía, con un 6,7, y Madrid y Galicia, con un 6,4. Las autonomías con menor nota fueron Cataluña y Cantabria, con un 1,7, aunque también suspendieron Navarra (4,7), Aragón y País Vasco (4,4), Canarias (3,3), y Cantabria (2,5).
Además, la entidad Meridianos, con una trayectoria de más de dos décadas en el sector, se hizo con el contrato del centro de menores ‘Zambrana’ de Valladolid por 8,3 millones de euros durante dos años prorrogable por el mismo periodo. La Junta incrementó un 20 por ciento la cuantía para introducir mejoras en el funcionamiento interno como el incremento del personal en los diferentes turnos y la mejora de sus condiciones laborales y así atender la “mayor parte” de las demandas de los trabajadores, tras denunciar que sufrían agresiones e insultos de los internos. De esta manera, la Consejería busca atender mejor a los diferentes perfiles de los chicos que entran en el centro, con “mayor conflictividad”.
Por otro lado, la Junta convocó en 2024 ayudas de hasta 2.000 euros a familias que trasladen su residencia de otra comunidad a municipios de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León, para luchar contra la despoblación del ámbito rural. Con un presupuesto ampliable de 2 millones de euros, está orientada a fijar población de manera sostenida siempre a través de subvenciones que oscilan entre 1.000 y 2.000 euros como que el empadronamiento se mantenga un mínimo de dos años desde la concesión de la subvención.
