La Asamblea de Inquilinas de Salamanca convoca una manifestación para el próximo domingo, 1 de diciembre, que partirá a las 12:00 horas de la plaza de la Constitución, y que llevará por lema "¡Se acabó, bajemos los alquileres!". Con esta máxima, en tantas otras ciudades de España por colectivos similares, la AIS se coordina con esos sindicatos y asambleas del resto del país en la oleada de movilizaciones por el derecho a la vivienda, comenzando por la pionera de Madrid del pasado 13 de octubre, con 150.000 personas en la calle; y continuando con las que el segundo fin de semana de noviembre se han llevado a cabo en Andalucía.
Las razones de la AIS para celebrar esta manifestación, y las exigencias que con ella quiere visibilizar, son: una intervención inmediata y radical del mercado de la vivienda, comenzando por obligar a abaratar a la mitad el precio de los alquileres, de cuyo incremento desmesurado son responsables los gobiernos a todos los niveles.
En primer lugar, dicen que "los locales y autonómicos que trabajan activamente a favor de los especuladores inmobiliarios y contra las inquilinas de la forma más descarada no pueden maquillar las tímidas limitaciones de los pisos turísticos en ciudades como Salamanca. Unas restricciones que no superan lo justo y necesario para asegurar que ese mercado no pise el de los rentistas locales que parasitan los ahorros de estudiantes y familias trabajadoras". Desde Inquilinas de Salamanca explican que "tampoco el Gobierno Central hace nada contra el capital inmobiliario. La ministra de Vivienda, la rentista Isabel Rodríguez, no ha regulado el alquiler de temporada ni por habitaciones, y sus proyectos de Ley de Vivienda o de bono joven para el alquiler son una burla, subvenciones directas para los bolsillos de los propietarios. Mientras tanto, los inquilinos destinan prácticamente la mitad de sus salarios a alquilar y hay 3,5 millones de viviendas vacías en España, pero decenas de miles de personas desahuciadas sin alternativa habitacional cada año; más de 20.000 desalojos en 2023, por un número indeterminado de miembros de cada familia o unidad habitacional echada a la calle".
Sentencian, finalmente, que "no hay que construir más, sino redistribuir. No se puede consentir que se siga especulando el modelo económico que lo permite, la vivienda debe dejar de emplearse como un bien de mercado y blindarse como el derecho fundamental que es. No sólo queremos bajar los alquileres, lo queremos todo. Se acabó".
