“En momentos de necesidad, siempre va a haber personas altruistas con ganas de ayudar y personas egoístas con la intención de lucrarse a costa de los demás”. Estas palabras, en boca del integrante de la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca, Fernando de Castro, incitan a centrarse en la importancia de este primer grupo en situaciones como la que se vive a nivel nacional desde el pasado 16 de abril, cuando se aprobó la regularización extraordinaria de personas inmigrantes.
En Salamanca, entidades como Accem Salamanca y la citada Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes “trabajan a destajo” para orientar, apoyar, impulsar y ayudar a personas que únicamente buscan poder vivir dignamente en España: “Esta medida se dirige a seres humanos que ya residen en nuestro país, forman parte de nuestra sociedad y contribuyen a ella, facilitándoles así poder salir de situaciones de vulnerabilidad o de vulneración de derechos”, explican desde Accem Salamanca.
Estas dos asociaciones, además de otras como Salamanca Acoge, aseguran estar contactando, orientando y citándose sin parar con personas que buscan sus servicios. En concreto, Accem Salamanca, que cuenta tanto con talleres informativos como con citaciones directas, calcula haber atendido a 90 y 42 personas respectivamente; mientras que Fernando De Castro asegura que por sus oficinas han pasado más de 30 individuos en este último mes.
Un extenso proceso con numerosos requisitos
En cuanto a las bases de esta regularización extraordinaria, es importante conocer que esta debe tramitarse bien de manera presencial, en oficinas de Extranjería, Seguridad Social y Correos; o bien vía online, a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Como requisitos, las personas afectadas deben demostrar su permanencia ininterrumpida en España desde al menos el 31 de julio de 2025 y la ausencia de antecedentes penales, además de presentar una serie de documentos como el certificado de empadronamiento histórico o el certificado de vulnerabilidad.
La expedición de este último documento, según apunta el Ayuntamiento de Salamanca, ha sido solicitado en el consistorio por un total de 1.174 personas. Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas, el número de solicitudes ha ido menguando a medida que ha avanzado el tiempo: “El mismo 16 de abril registramos el número más alto de peticiones, siendo estas 212; mientras que el pasado lunes 4 de mayo recibimos un total de 21 solicitudes”.
El importante papel de las entidades sociales
Ante este pormenorizado proceso, el papel de las ONG es fundamental. Tal y como apuntan desde Accem Salamanca, estas entidades suelen ser conocedoras de las situaciones que atraviesan quienes van a solicitar la regularización, ya que en la mayoría de las ocasiones se trata de personas que ya forman parte de sus programas. “Todo este conocimiento representa un valor cualitativo en el desarrollo de este proceso, ya que, con ayuda del riguroso trabajo de los profesionales de cada una de estas organizaciones sociales involucradas, permite avanzar en la regularización con agilidad”, argumentan desde la entidad.
En cuanto a las tareas concretas de estas asociaciones, desde la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes especifican que, cuando se puso en marcha la legislación, empezaron a llamar a los asistentes frecuentes del ropero solidario que gestionan: “Comenzamos a animarles para que recopilasen la información que se sabía que iban a necesitar”, explican, añadiendo que, a partir del 16 de abril, las citas que programan se centran en revisar, solicitar e imprimir documentos: “Aunque nosotros no tenemos la acreditación para expedir ninguno de los trámites requeridos, esta labor de acompañamiento y asesoramiento es esencial”.
Por su parte, el trabajo de Accem Salamanca ha pasado por varias fases. En primer lugar, durante los meses previos a la entrada en vigor de la legislación, la entidad desarrolló tres talleres informativos, avanzando más tarde hacia un periodo de orientación y sensibilización de las personas afectadas. Actualmente, la prioridad de esta entidad ha avanzado hacia una fase de acompañamiento en la presentación de solicitudes: “Se está prestando apoyo en la preparación de la documentación necesaria, así como en la gestión de citas presenciales para quienes no disponen de certificado digital; además de apoyar en la presentación telemática de la solicitud a quien sí cuenta con dicho certificado”. En este proceso, los protagonistas son los profesionales de los Servicios de Atención Jurídica de Accem, que se encargar de presentar las solicitudes de dichas regularizaciones extraordinarias.
Un proceso con piedras en el camino
Como se puede esperar, el acompañamiento de las personas durante el trámite de la regularización extraordinaria no es un camino de rosas. Cuando se les pregunta por las principales complicaciones encontradas, Accem Salamanca se centra en la difícil obtención del certificado digital: “En ocasiones, la información facilitada en el momento de la obtención del certificado digital no coincide con la que aparece en los documentos cuando se intentan incorporar a la plataforma. Esta circunstancia obliga a que, aun disponiendo de certificado digital, el trámite deba realizarse de forma presencial, algo que alarga el proceso”.
Desde la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes, en cambio, identifican varios obstáculos. Tal y como apuntan, uno de ellos está relacionado con la obtención del certificado de vulnerabilidad. En este sentido, denuncian que el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Salamanca no está expidiendo dichos certificados con la rapidez y dedicación necesarias.
El empadronamiento, en cambio, es la mayor problemática observada por esta entidad, ya que hay propietarios que no permiten a sus inquilinos empadronarse en el domicilio en el que residen: “Esto es porque en muchas ocasiones se trata de alquileres compartidos o, en la mayoría de los casos, acuerdos sin contrato”. Ante esto, la posición de Fernando de Castro es clara: "La Ley del Régimen Local asegura que el empadronamiento es tanto un derecho como una obligación. De hecho, las personas que no disponen de un domicilio deben solicitar un informe especial expedido por el departamento de Servicios Sociales para ser empadronado incluso debajo de un puente o en un cajero automático”.
Por último, obtener el certificado de antecedentes penales, tal como apunta De Castro, también supone un problema para muchos afectados: “Como tienen que ser expedidos desde su país de origen, a veces resulta complicado, sobre todo en el caso del continente africano”.
“La regularización extraordinaria es necesaria”
Tras conocer la reciente decisión del Tribunal Supremo de estudiar, este miércoles 13 de mayo, la posible suspensión de dicha regularización extraordinaria; y tras haber repasado con detalle este pormenorizado proceso, resulta esencial preguntar a las ONG salmantinas la importancia de esta medida.
Por su parte, desde Accem valoran de forma positiva la normalización de la situación administrativa de las personas: “Esto supone un avance en la garantía del acceso y la igualdad de derechos y la protección de todas las personas que viven en España”, detallan, añadiendo que la regularización da respuesta a ciertas realidades sociales y laborales existentes. Desde la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes, en cambio, alegan a la necesidad: "La regularización es esencial, primero por humanidad”, opinan, añadiendo que, “aunque sea complicado decirlo”, este proceso le viene bien a España económicamente. En este sentido, Accem Salamanca se posiciona en la misma línea: “Esta medida permitirá aflorar situaciones de empleo que podrían estar en la economía sumergida”.
Este último argumento, en boca de Fernando de Castro, “hace referencia a la necesidad que tiene España de mantener a las personas que están en su territorio y están trabajando”. Además, para hacer más potente su argumento, alega a la necesidad de legalizar las condiciones laborales de todos los seres humanos: “Me temo mucho que hay personas que no quieren que se regularice a las personas inmigrantes porque les interesa contratar a personas con salarios mínimos e infra condiciones laborales. Ningún ser humano es ilegal, lo ilegal son las condiciones".
