‘Del amor al odio hay un paso’, en este caso del odio al amor ha habido otro. PSOE y Vox, de tacharse de todos los improperios políticos y no querer oír hablar el uno del otro, a llegar a un acuerdo para sacar adelante una ley con la que han querido castigar al PP, pero con la que se llevarán por delante a cientos de medios de comunicación de la Comunidad.
Era un no absoluto del PSOE a cualquier tipo de contacto con Vox. En este medio de comunicación lo vivimos en las anteriores elecciones locales, cuando en Sotoserrano los ediles electos encontraron la forma de hacer equipo de gobierno uniéndose los representantes de Vox y PSOE. La respuesta de estos últimos fue la expulsión del partido y se pusieron en contacto con este medio para reiterar que jamás se podía llegar a ningún tipo de acuerdo o contacto con el partido ultraderechista, por los principios propios del partido, ni siquiera insinuaciones: “por favor, recalcarlo bien”, nos pidieron.
Con la suma de los representantes del Grupo Mixto (asiduos también a salir en la televisión autonómica, copropiedad de la familia Uribarri, cuyo máximo representante fue condenado por la Gürtel), Vox y el PSOE han conseguido que este sábado entre en vigor una ley que beneficiará a los grandes medios de comunicación, sobre todo nacionales, y perjudique a los de Castilla y León.
Una ley que no habla en general de medios de comunicación, sino que se centra en criticar a los periódicos de índole digital generalizando de esta forma tan poco apropiada (como si en la prensa tradicional no hubiera bulos o intereses políticos):
“La divulgación de informaciones falsas o bulos se ha multiplicado en los últimos años como consecuencia de la mala praxis que se da en diversos medios de difusión digitales en los que tienen cabida todo tipo de contenidos, sin pasar por ninguno de los filtros habituales en los medios de comunicación tradicionales, y en los que prima el sensacionalismo para generar el llamado «clickbait», o cebo de «clicks», y aumentar el número de visualizaciones, del que dependen gran parte de los ingresos de este tipo de publicaciones, que en ocasiones también se financian parcialmente mediante publicidad institucional. A su vez, y ante el éxito de estos nuevos medios, son muchos los medios de comunicación tradicionales que se han sumado a estas tendencias para no quedarse atrás, haciéndose eco muchas veces de contenidos que se generan en la esfera digital de dudosa veracidad y que acaban teniendo un impacto innegable en la realidad, aunque carezcan de todo rigor periodístico. Este fenómeno se une al llamado filtro burbuja que generan los algoritmos que deciden qué publicaciones vemos o no en las redes sociales, fórmulas que tienden a mostrarnos solo las noticias y opiniones compartidas por aquellas personas que se interesan o piensan de forma similar a la nuestra, lo que dificulta recibir una información plural desde diversos enfoques que permita favorecer una mayor reflexión y capacidad crítica en nuestra sociedad”.
Una generalización desacertada e inapropiada, puesto que en la gran mayoría de los medios digitales de esta comunidad trabajan profesionales de la comunicación, con titulación universitaria, que realizan su trabajo de manera ética, profesional y veraz, cosa que no siempre sucede en los grandes medios de comunicación que ahora beneficiará el pacto del PSOE y Vox.
Generalizar calificando a todos los medios digitales de amarillistas o difusores de bulos es tan injusto como afirmar que todos los miembros de un partido son responsables de las conductas o los delitos cometidos por algunos de sus integrantes.
Si fuera así, sería equiparable a decir, por tanto, que todos los miembros del PSOE son consumidores de prostitución, porque algunos de ellos la consumían; o decir que todas las personas de Vox son maltratadoras, puesto que hay algunos casos de políticos de este partido condenado por ello.
En ese sentido, si los medios de comunicación digital son creadores de bulos y se cuestiona su ética profesional, por qué cada día se reciben cientos de notas de prensa de estos partidos para ser publicadas o cientos de convocatorias para acudir a sus actos, ¿solo se es poco ético cuando a ellos les interesa?
Hipocresía absoluta, como la de usar cientos de noticias e investigaciones periodísticas de este medio de comunicación (a todos los niveles, comunitario, provincial y local) que han afectado a representantes del PP, para atacar con ellas políticamente.
Publicidad institucional para los grandes grupos de comunicación
Con esta nueva ley Vox, PSOE y el Grupo Mixto conseguirán que los ciudadanos solo se informen de los anuncios y la información institucional de la Junta si entran en los grandes medios de comunicación. Sacando de esta forma el aporte económico de los impuestos de los castellano y leoneses para financiar medios de comunicación nacionales, perjudicando a los de la Comunidad, todos ellos medios con menos poder económico.
“En ningún caso el conjunto de los contratos que tengan por objeto acciones de publicidad institucional que se celebren con una persona o entidad propietaria de un medio de comunicación podrá suponer un ingreso para las mismas que supere el 33 % del importe neto de su cifra anual de negocio.”, es una de las condiciones que aporta esta ley.
¿La profesionalidad se mide por el dinero que tiene una empresa? ¿Se mide por lo grande que sea un medio de comunicación? ¿Tiene más ética periodística un medio que factura más que uno que factura menos? ¿Por qué es menos amarillista un medio de comunicación con columnas de opinión y editoriales directas, que uno más pequeño que intenta informar de manera objetiva?
De esta forma, están obligando a que el ciudadano solo se informe por medios de comunicación con gran facturación, sacando el aporte económico de las empresas de CyL y desviándolo a los grandes grupos de comunicación, la gran mayoría con sede social fuera de nuestra comunidad. Sin entrar a hablar, tambien, de un movimiento que seguro traerá de la mano reducciones de plantilla y despidos de profesionales de la comunicación.
Tienen problema en subvencionar medios digitales, pero no en aprobar repetidas millonarias subvenciones directas para una televisión autonómica, gestionada por empresas privadas y cuyos anteriores propietarios, que siguen en la sombra, han sido procesados penalmente. Llama la atención que esas cantidades millonarias que se han ido concediendo anualmente a la televisión autonómica cuentan con el visto bueno de todos los representantes políticos, a pesar, recordemos, de que su plantilla ha estado en huelga por sus condiciones laborales, pero lleva años denunciando su situación sin que ningún grupo político hiciera nada.
Por ello, desde este medio de comunicación nos oponemos a la salida de una ley de publicidad institucional que solo busca beneficiar a los grandes medios de comunicación.
Para luchar contra la mala praxis periodística, confiamos en otras medidas, como la obligación de crear una legislación relacionada con la necesidad de colegiarse, como lo hacen otras muchas profesiones, y que para poder ejercer sea obligatorio tener la correspondiente carrera universitaria. Algo que parece que no interesa de ambos lados, porque se puede ver en muchos de los medios de ‘la cuerda’ del PSOE o de los de Vox, como se nutren de un gran número de supuestos comunicados, que ni siquiera han iniciado una carrera del gremio.
Desde este medio de comunicación rechazamos la Ley de Publicidad Institucional por considerarla discriminatoria, desequilibrada y perjudicial para el tejido informativo de Castilla y León. Reivindicamos una legislación que defienda la calidad periodística basada en el rigor profesional, no en el volumen de facturación. Apostamos por una regulación justa que promueva el colegiado profesional y el acceso igualitario a los recursos públicos para todos los medios, grandes o pequeños.
