La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha informado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y al Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCYL) de que se ha cursado ya oficio tanto a la Jefatura Superior de Policía como a la Zona de Castilla y León de la Guardia Civil para que se sumen a los requerimientos del Protocolo sobre activación y coordinación de la intervención en urgencias en sede policial o judicial y pautas de actuación para los agentes implicados.
“Es decir”, ha explicado la delegada, “que cuando una mujer acuda a un puesto de la Guardia Civil o a una Comisaría de la Policía Nacional a interponer una denuncia por violencia de género, se le ofrecerá asistencia psicológica que se prestará a través del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León”.
En el territorio de la Guardia Civil se ha puesto ya en marcha mientras que en el territorio de la Policía Nacional lo pondrán a prueba durante una semana en las comisarías de Valladolid para extenderlo al resto de comisarías de la comunidad autónoma a la semana siguiente.
Así se lo ha comunicado Barcones a la consejera Alicia García y al presidente del COPCYL, Jaime Gutiérrez, en una reunión mantenida en la comisaría de la Policía Nacional del distrito Valladolid-Delicias.
La delegada del Gobierno ha recordado que en una reunión mantenida con la consejera el pasado mes de octubre, ésta pidió la colaboración de la Delegación del Gobierno para activar este protocolo que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León suscribió con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León en virtud del cual se pedía que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado requiriesen la presencia de un psicólogo cuando así lo autorizasen las víctimas de violencia de género.
“Desde ese momento”, ha dicho, “la Delegación buscó fórmulas de implicación de las dos Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de conseguir que las mujeres maltratadas fueran atendidas con la mayor profesionalidad posible en el momento de la denuncia o cuando, por desgracia, se hubiera consumado algún tipo de agresión”.
Para Barcones, “la denuncia siempre es el punto de partida que nos va a permitir ayudar a las víctimas antes de que sea tarde. Y creo que, por tanto, hay que apoyarlas en ese momento, para muchas traumático, con el objetivo de que se convierta en el principio del fin de su problema”.
Secretaría de Estado de Seguridad
Dado que en ese Protocolo se recogía la posibilidad de activación de la intervención de urgencia por parte de Guardia Civil y Policía Nacional, la Delegación del Gobierno tuvo que someterlo al criterio de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Según ha dicho la delegada del Gobierno, “yo entendía que no correspondía a los agentes realizar una primera valoración de si la víctima necesitaba o no asistencia psicológica, por lo que consideraba oportuno, y así lo trasladé al Ministerio del Interior, que dicho servicio se ofreciera a todas las mujeres víctimas de violencia de género”.
Con esta consideración aceptada por el Ministerio, la Delegación del Gobierno ha recibido ya el visto bueno por lo que se ofrecerá a las víctimas un servicio de apoyo psicológico en las dependencias policiales.
“Una vez más”, Virginia Barcones ha trasladado a la consejera que “cuenta con toda la colaboración y receptividad posible en esta Delegación del Gobierno para hacer frente a la terrible situación que viven miles de mujeres en nuestra comunidad autónoma. Mujeres a las que no podemos dejar solas”.
Desde 2003 hasta hoy, han sido asesinadas en Castilla y León 50 mujeres de las 980 que han perdido la vida en España. Este año, del que todavía no se ha cumplido el primer mes, ha habido cinco víctimas mortales en nuestro país y una de ellas fue asesinada en Castilla y León.
En la actualidad hay 1.200 mujeres castellanas y leonesas con medidas de protección policial en vigor de los 2.600 casos activos recogidos en el Sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Se denuncian al año más de 5.000 nuevas agresiones.
Para la delegada, todos estos datos hacen que “debamos volcarnos en la lucha contra la violencia machista. En esa línea está el Gobierno de España que puso en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Ha significado que en los últimos meses se hayan transferido ya a la comunidad autónoma la mayor parte de los 7,5 millones de euros comprometidos con el Gobierno Regional y que los ayuntamientos de Castilla y León reciban casi dos millones y medios de euros para la realización de acciones tendentes a sensibilizar sobre esta lacra para ponerle coto”.
