La presidenta del Colegio de Enfermería de Salamanca, María José García Romo, junto a las presidentas de Ávila, Burgos, Palencia, Soria y Zamora, prestará declaración como investigada el próximo 10 de mayo después de que el Juzgado de primera instancia e Instrucción número 2 de Ávila admitiera a trámite una querella contra ellos por los presuntos delitos de “usurpación de funciones públicas y prevaricación de funcionario público” y abriera diligencias previas.
En la denuncia presentada se explica que cuando el presidente del Colegio de Ávila, Enrique Ruiz, se presentó a las elecciones del Consejo de Colegios profesionales de Enfermería de Castilla y León “ocultó que había presentado su baja por jubilación en el Colegio de Enfermería de Ávila el 24 de septiembre de 2018” y “de nuevo su alta por reingreso el 22 de mayo de 2020”, unos días antes de las elecciones.
Esta situación le inhabilitaba para ser presidente del Colegio de Enfermería de Ávila y por tanto formar parte del Consejo de Colegios, cuyo presidente en funciones, Alfredo Escaja, fue el encargado de interponer la denuncia contra Ruiz y contra las presidentas de los colegios de Salamanca así como de Burgos, Esther Reyes; Soria, Isabel Galán; Palencia, Carmen Bárcena; y Zamora, Andrés Pérez, a las que acusa de “secundar al ahora investigado en estas y otras actuaciones posiblemente irregulares”.
En ese sentido, la denuncia señala que Ruiz “causó baja por jubilación y posteriormente cursó su baja voluntaria” pero “en ninguna de ellas cesó como presidente del Colegio Profesional y continúa ejerciendo su cargo sin interrupción a pesar de que la ley lo impide”. Todas estas actuaciones, señala Escaja, se deben a una “intromisión” del Consejo General de Enfermería (CGE) y de su actual presidente, Florentino Pérez Raya, en el Consejo de enfermería de Castilla y León ante sus reiteradas exigencias al CGE para que rinda cuentas de forma transparente.
Al respecto Escaja acusó a Pérez Raya de “tener contratados a cinco familiares, dos hijos y tres yernos en el Consejo General” así como de disponer de un “entramado de sociedades paralelas” y de percibir “cinco sueldos por cargos directivos simultáneos que podrían ascender a 444.643 euros al año”.
En esa línea, consideró que “el CGE está utilizando desde hace dos años a Enrique Ruiz para desestabilizar el funcionamiento y actuaciones del Consejo” autonómico y señaló que, por estas actuaciones, el presidente del Colegio de Ávila fue “premiado con viajes de placer para él y su familia como el viaje a Singapur en el Congreso Mundial del 2019”. Convocadas en febrero y previstas para mayo, las elecciones al Consejo de Colegios profesionales de Enfermería de Castilla y León están suspendidas por los recursos presentados ante la Justicia tras la detección de estas supuestas irregularidades.
