La prestación media por desempleo en Castilla y León se ha situado en 975 euros, un dato que revela una disparidad provincial significativa, tal y como recgoe la agencia Ical. Por primera vez, Burgos y Soria han logrado superar la barrera de los mil euros mensuales de media en esta prestación, un hito atribuible al incremento salarial experimentado en los últimos meses. Además, Valladolid, con 992 euros, y Palencia, con 985 euros, se encuentran muy cerca de alcanzar esta cifra redonda en términos brutos. Concretamente, Burgos y Soria disfrutan de esta mejora desde el pasado mes de diciembre, tendencia que se ha mantenido durante los dos primeros meses de 2025.
Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, analizados por la Agencia Ical, indican que Burgos alcanzó en febrero –última cifra disponible, con un mes de desfase habitual– una prestación media de 1.008 euros, ligeramente por encima de los 1.004 euros registrados en Soria. La prestación contributiva benefició en esa fecha a 9.399 desempleados burgaleses y a 2.201 sorianos. A pesar de este logro, ambas provincias se sitúan ligeramente por debajo de la cuantía media a nivel nacional, que se establece en 1.014 euros, según informa Ical.
En el extremo opuesto, Salamanca (941 euros), Zamora (944 euros) y Ávila (946 euros) son las provincias de Castilla y León donde los beneficiarios de la prestación contributiva por desempleo perciben una menor cuantía media. Estas provincias figuran incluso entre las más bajas de España, solo superando a Badajoz (912 euros) y Cáceres (924 euros). A continuación, se encuentran León (970 euros), Segovia (980 euros) y Palencia (985 euros).
En el conjunto de Castilla y León, la cuantía media de la prestación por desempleo se situó en 975 euros, 39 euros por debajo de la media española. Esto convierte a los parados de la Comunidad en los cuartos que menos cobran de España, solo por delante de los extremeños (916 euros), cántabros (968 euros) y gallegos (971 euros). Estas cifras contrastan significativamente con las prestaciones que perciben los desempleados en Baleares (1.173 euros), Cataluña (1.053 euros), Navarra (1.051 euros), País Vasco (1.042 euros), Madrid (1.038 euros) y Aragón (1.017 euros).
De esta manera, Burgos y Soria se unen al grupo de 16 provincias españolas cuyos parados con derecho a prestación contributiva perciben de media más de mil euros brutos al mes. Este listado está encabezado por Baleares (1.173 euros), Barcelona (1.061 euros), Guadalajara (1.056 euros), Álava (1.052 euros), Navarra (1.051 euros) y Guipúzcoa (1.050 euros). También se incluyen otros territorios de Cataluña (Girona, Lleida y Tarragona), Madrid, Vizcaya, Zaragoza, Huesca y Málaga. Un año antes, en febrero de 2024, solo nueve provincias superaban este umbral, con una cuantía media nacional de 984 euros, 30 euros inferior a la actual.
El incremento generalizado de las prestaciones contributivas está directamente relacionado con el aumento de los salarios de los trabajadores que pierden su empleo, quienes se benefician de las revisiones al alza de los sueldos y los recientes incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En febrero de 2025, el número de beneficiarios de esta prestación en Castilla y León, a la que tienen derecho los desempleados que han cotizado al menos un año en los últimos seis, ascendió a 38.886 personas. A ellos se suman los 27.031 que perciben el subsidio por desempleo y los 1.921 beneficiarios de la renta activa de inserción. En total, 67.838 castellanos y leoneses reciben prestaciones por desempleo a cargo del Estado.
El impacto económico de esta situación se refleja en el gasto destinado a cubrir estas ayudas en la Comunidad, que se ha situado en 60,1 millones de euros, frente a los 54,9 millones del año anterior. Esto supone un incremento del 9,4 por ciento, que casi triplica la tasa de subida del número de beneficiarios (3,7 por ciento, pasando de 37.493 a 38.886).
El aumento de la paga del desempleo no solo se explica por la subida de los salarios, sino también por la reciente modificación del cálculo de la prestación. Desde el inicio del año, se permite el cobro de un diez por ciento adicional de la base reguladora mensual (hasta el 60 por ciento) para aquellos que hayan agotado más de seis meses de prestación, hasta alcanzar el límite de dos años. Además, gracias a esta modificación legal, durante los primeros 180 días de prestación, la proporción de la base reguladora a percibir aumentó del 60 al 70 por ciento. Esta reforma ha contribuido significativamente al incremento de la cuantía media de las prestaciones por desempleo en la región.
