El aviso se dio el pasado 28 de septiembre. Los principales sindicatos -CCOO, UGT y CSIF- de los empleados públicos de Castilla y León amenazaron con ir a la huelga general este 6 de noviembre tras conocer que la Junta no iba a implantar la jornada de 35 horas semanales acordada poco antes de las elecciones autonómicas y suscrita por el por aquel entonces consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
No sólo eso, sino que también era una de las promesas electorales de Alfonso Fernández Mañueco -lo manifestó incluso en su discurso de investidura-. Pero mes y medio después, los trabajadores públicos autonómicos siguen sin ver cumplida dicha propuesta, incluso habiendo cumplido escrupulosamente el calendario de movilizaciones que anunciaron con la idea de evitar una huelga que, finalmente, se ha alcanzado.
Y eso que se ha intentado evitar hasta última hora de este pasado martes, con los sindicatos negociando junto al Gobierno regional una solución. Sin embargo, la Junta ofrecía implantar la jornada de 35 horas semanales el 1 de abril, algo que para los sindicatos es demasiado tarde.
Una jornada de 35 horas perdida en 2012 por la crisis económica y utilizada como arma electoral
Los sindicatos comenzaron a pedir recuperar la jornada de 35 horas, que se “perdió” en 2012 con el argumento de la crisis económica, en 2018, año en el que se cumplieron las tres condiciones establecidas en el acuerdo firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy: no alcanzar el techo de gasto, reducir el déficit público y reducir la deuda.
“En 2018 volvimos a pedir instaurar las 35 horas, y el Gobierno autonómico lo fue dilatando hasta 2019 por las elecciones”, lamentaba en su momento Fernando López, secretario general de los Servicios Públicos de UGT Salamanca, reflejando que el acuerdo se firmó una semana antes de las elecciones autonómicas, con la promesa de instaurarlo el 1 de junio para el turno de verano y el 1 de septiembre para el resto de trabajadores. De hecho, “había gente contratada para suplir la acumulación de horas, algo que los sindicatos celebramos” explicaba.
En la rueda de prensa en la que los sindicatos detallaron por qué iban a la huelga, el responsable de la Sección Sindical de CCOO de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel González, afirmaba que “si el presidente es capaz de incumplir un acuerdo firmado, qué no será capaz de hacer con el resto de leyes que se impulsaron en su momento”, además de lamentar que se utilizará la medida como “arma electoral” por parte del PP y de Ciudadanos.
De hecho, recordó que Mañueco se comprometió a “negociar personalmente” con los representantes de los trabajadores “pero a la última reunión, la más importante, tuvo la desfachatez de ni siquiera presentarse”, lo que es una falta de respeto “no sólo para nosotros, sino hacia toda la ciudadanía, a la que penaliza con esas medidas”.
Asimismo, CSIF lamentaba este martes en una nota de prensa que la Junta no haya tenido la voluntad suficiente para cumplir el acuerdo “poniendo sucesivas trabas, e imposibilitando el deseado y esperado desarrollo” del mismo. Además, afirmaban que “la Junta no nos ha dejado otra alternativa” ya que la propuesta que facilitaron lo hicieron “a cumplir, con lo cual este sindicato no puede engañar a los trabajadores”.
Señalaban pues que, de entrada, el documento de la Junta apuntaba que se crearían “mesas técnicas en los sectores, para analizar las materias suscritas y que promuevan un acuerdo” que, debido a sus condicionantes, dejarían “en el aire” la aplicación de la jornada de 35 horas en abril.
Igualmente, anunciaban que no descartaban acudir a los tribunales por el incumplimiento del acuerdo por parte de la Junta, por lo que iniciarían las actuaciones jurídicas oportunas. Una idea que también manifestaron los otros dos sindicatos principales -UGT y CCOO- en su momento.
Los motivos esgrimidos por la Junta de Castilla y León para rechazar esta jornada laboral de 35 horas fueron, primero, su alto coste -cifrado, según el Gobierno regional, en 120 millones de euros-; y, posteriormente, otros inconvenientes no económicos, según informaron los sindicatos.
Garantizados los servicios mínimos y concentración frente a la Delegación de la Junta en Salamanca
Lo que si acordaron sindicatos y Junta fueron los servicios mínimos que se prestarán este miércoles, 6 de noviembre. El fin no es otro que asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales “de modo que, sin coartar los derechos individuales, se atienda al interés general, garantizando la libre decisión de los empleados públicos de sumarse a la huelga, y también el derecho de la ciudadanía a disponer de los servicios esenciales”, aseguraba el Gobierno regional en un comunicado.
Estos servicios mínimos afectarán a los Servicios de Salud Pública y Asistencia Sanitaria; a los Servicios Sociales; a los Servicios Educativos; y a los Servicios relacionados con la Seguridad e Integridad de las Personas, Bienes y Patrimonio.
Por su parte, los sindicatos han convocado una concentración en las diferentes delegaciones de la Junta de Castilla y León en todas las provincias. En Salamanca tendrá lugar en la sede de la calle Príncipe de Vergara a las 12 horas con una duración de en torno a una hora u hora y media.
Falta por ver si, una vez celebrada la huelga de este miércoles, los sindicatos vuelven a establecer un calendario de movilizaciones, aunque la idea es continuar con las concentraciones en el futuro e, incluso, no descartan otra huelga general si no logran conseguir la jornada de 35 horas que, como recuerdan, tienen firmada.
