La lucha contra el COVID-19 ha puesto de manifiesto la falta de equipos de protección individual para el personal sanitario y para el resto de trabajadores esenciales, además de otras carencias de elementos necesarios para vencer el virus. Aun siendo conscientes de los esfuerzos que hacen las administraciones para dotar de material a los profesionales y a la población, el Procurador del Común inició una actuación de oficio para conocer si en Castilla y León se estaban reorientando determinados sectores industriales para conseguir en máximo autoabastecimiento de dichos elementos.
En el informe remitido como respuesta a la petición de información, la Consejería de Empleo e Industria señala que, además de la coordinación a nivel nacional, se han puesto en marcha en la Comunidad acciones orientadas a cubrir estas necesidades.
La Consejería de Empleo asegura que hay cerca de 300 entidades de Castilla y León, tales como asociaciones empresariales, empresas, centros tecnológicos, Universidades y clústers de empresas que han respondido a la llamada de la administración y que 98 entidades están fabricando en la Comunidad máscaras de protección facial, batas plastificadas, mascarillas quirúrgicas, hidrogel desinfectante o respiradores, entre otros y que se ha hecho un llamamiento a todos aquellos empresarios que puedan adaptar sus líneas de fabricación a la producción de equipos de protección (mascarillas, buzos, gafas, batas, delantales). Además, se ha indicado que el principal problema con el que se está encontrando la Administración autonómica es el de suministro de determinados tipos de materiales, como tejidos, componentes mecánicos, materiales poliméricos... de los que no existe ninguna empresa dedicada a su fabricación, en el momento actual, en Castilla y León.
Desde el Procurador del Común se reconoce el esfuerzo y las dificultades que se han tenido que afrontar para conseguir respuestas a las demandas, pero insiste en la necesidad de que la Consejería de Empleo e Industria redoble sus esfuerzos para coordinar el aumento de la fabricación propia de los elementos indispensables para ganar la batalla al COVID-19 en Castilla y León en beneficio no solo de la salud de todos los castellanos y leoneses sino como medio para reactivar el sector industrial y, por ende, la economía de nuestra Comunidad.
Otras actuaciones
Además el Defensor del Pueblo de Castilla y León inició hace unas semanas otras actuaciones con especial atención a las personas desfavorecidas, donde la administración ha actuado pero en las que se pide un especial seguimiento. Una de ellas relativas a los expedientes de renta garantizada de ciudadanía dado que, en circunstancias normales, se vienen tramitando quejas sobre la demora en la tramitación de los expedientes, en particular en cuanto a la resolución de las solicitudes de reconocimiento de la prestación y a la reanudación del cobro de su importe en casos de suspensión. En esta actuación, de carácter preventivo, se ponía el foco en la suspensión de plazos en la tramitación de los procedimientos impuesta durante el estado de alarma, con el objeto de que en estos casos no se adoptaran medidas extraordinarias de paralización de plazos que pudieran retrasar que las personas más vulnerables cuenten con esta prestación lo antes posible.
Por otra parte, se inició una actuación para que la administración extremara la vigilancia para la detección de los casos de posible desprotección de los menores cuyos padres o personas de quienes dependan fueran ingresados en un hospital por coronavirus. La administración también comunicó la puesta en marcha de un protocolo para estos casos.
