El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca impulsa la creación de una comisión especial de investigación "con el objetivo de poner luz sobre los hechos relacionados con la organización del congreso Peace City World, celebrado en la ciudad entre el 23 y el 27 de enero y sobre el que ha existido falta de transparencia desde el minuto uno por parte del equipo de gobierno de García Carbayo, compuesto por el PP y por Ciudadanos", cuenta en una nota de prensa el PSOE de Salamanca.
Para ello, con base en el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento, el PSOE ha registrado este jueves la petición de convocatoria de un Pleno extraordinario sin retribución y con este único punto en el orden del día. La iniciativa es conjunta con las dos concejalas del Grupo Mixto, formado por Podemos e Izquierda Unida, y del concejal no adscrito, Ricardo Ortiz.
En su argumentación, apuntan a la utilización de recursos públicos con "un fin espurio a través de la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica para financiar la celebración del congreso, así como para la contratación de un asesor externo para la atracción de inversiones sobre el que se ha publicado la falsedad, al menos parcialmente, de la documentación presentada en el concurso público de acceso, lo que ha dado lugar a la rescisión del contrato". Así mismo, el Ayuntamiento anunció el fin de la relación contractual con la empresa Peace City World, con la que existía un protocolo firmado por el alcalde.
Por otro lado, José Luis Mateos ha querido contestar a Ana Suárez tras pedir que se depuren responsabilidades y no considerar necesario que dimitan Fernando Castaño y Juan José Sánchez: "Las victimas somos los salmantinos por tener incompetentes en el Ayuntamiento".
En este punto, aseguran que la imagen de Salamanca está viéndose afectada por el escándalo asociado a todas estas cuestiones, un grave deterioro de reputación para la ciudad que obliga a los responsables políticos del Gobierno municipal a aclarar cuantos extremos sean necesarios, poniendo luz y taquígrafos para que no quede ni una sola tacha que manche el buen nombre de la capital salmantina ni nada parecido vuelva a suceder. La transparencia, concluyen, es un deber exigible en la gestión pública, pero aún más cuando existen sombras de dudas y sospecha.
