Corren tiempos convulsos y, no en vano, vivimos un contexto duramente marcado por la percepción creciente de inseguridad, el avance de nuevas formas de criminalidad y la presión política por respuestas rápidas,eficaces y severas.
En este complejo marco, la política criminal se ha impuesto como uno de los ejes centrales del debate público a nivel mundial.
Lejos de limitarse al endurecimiento de penas, este campo de la criminología comprende una madeja de decisiones jurídicas, sociales y económicas que definen cómo los Estados previenen el delito, sancionan las conductas ilícitas y gestionan las consecuencias de sus propias estrategias punitivas.
Ahora bien,el asunto radica en que los resultados de estas políticas muestran una paradoja continua: más castigo no siempre implica menos delito pero, en contrapartida, sí se traduce frecuentemente en sistemas penitenciarios colapsados y en mayor exclusión social.
Pues bien, en este complejo escenario Salamanca, reconocida ciudad de larga tradición jurídica, se ha convertido en lugar de encuentro para el debate iberoamericano sobre los límites y desafíos de los sistemas penales de nuestro tiempo.
En total, especialistas de 18 países han puesto sobre la mesa un diagnóstico compartido que no comprende fronteras ni de cifras aisladas, y que apunta directamente a la raíz de los problemas estructurales que atraviesan los países de Iberoamérica.
La política criminal es, por ende y de forma escueta y sencilla, “aquel conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico y de índole similar, establecidos por los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener bajo límites tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad”.
La prisión preventiva como norma
Uno de los aspectos más repetidos en las diferentes intervenciones fue el empleo de la prisión preventiva como herramienta de control penal.
Los datos aportados por los expertos son, cuanto menos, alarmantes.
En Brasil, por ejemplo, cerca del 40% de las personas privadas de libertad se encuentran sin condena firme. Esta cifra, pese a ser elevada, no es la más alta: en Bolivia, por ejemplo, el porcentaje se eleva hasta el 58%.
Según se expuso, esta práctica desnaturaliza el carácter excepcional de la medida cautelar y la convierte en un castigo anticipado, con un fuerte impacto sobre personas jóvenes, pobres y con escaso acceso a defensa legal.
En 2023, México tenía 198.567 presos en esta situación, Perú 78.040 y Colombia, 53.599.
En lo que a España respecta, el 31 de enero de 2023, de 55.909 presos, 9.150 no tenían condena firme.
Hacinamiento y control informal en las cárceles
El colapso del sistema penitenciario fue otro de los puntos críticos a tratar.
España se mantiene una población penitenciaria estable, con unos 60.000 internos.
Esta tasa es moderada, en comparación europea, y sin un problema general de hacinamiento aunque, eso sí, persisten dificultades puntuales en recursos y gestión en algunos centros.
En la provincia de Salamanca, el centro penitenciario de Topas, uno de los principales de Castilla y León, refleja estas tensiones nacionales traducidas a clave local: mantiene un número de internos por encima de su capacidad teórica y ha sumado alertas sobre falta de personal sanitario y presión asistencial, según denuncias sindicales.
Estos factores, ocupación al límite, recursos ajustados y conflictividad interna, posicionan a Salamanca como un reflejo de los retos que atraviesa el sistema penitenciario español.
En Bolivia, por ejemplo, la capacidad oficial de las prisiones es de unas 16.000 plazas, frente a una población reclusa que supera las 33.000 personas, con centros que registran niveles de hacinamiento por encima del 200%. De hecho, la gestión cotidiana queda en manos de estructuras internas ligadas directamente al crimen organizado.
En el caso de Brasil, las cárceles fueron descritas como espacios marcados por la superpoblación, la violencia y la falta de control estatal efectivo, donde la prisión no reduce el delito, sino que contribuye a consolidar redes criminales y dinámicas de exclusión.
Nuevas formas de criminalidad y sistemas desbordados
Además del delito tradicional, los participantes alertaron sobre el crecimiento de los ciberdelitos, el tráfico de personas, el contrabando y la minería ilegal, fenómenos para los que muchos países carecen de marcos normativos actualizados y capacidades investigativas suficientes.
En paralelo, la falta de independencia judicial, la politización de las instituciones y la corrupción fueron señaladas como factores que debilitan la respuesta penal y favorecen la impunidad en determinados niveles, mientras se mantiene una fuerte presión punitiva sobre los sectores más pobres.
